Están pasando algo desapercibidas en Europa -y, especialmente, en España- las protestas que vienen sacudiendo, desde el pasado día 28 de diciembre, las calles de distintas ciudades iraníes. Todo comenzó con protestas debido al deterioro de la situación económica, es decir, la pérdida de poder adquisitivo, la caída del rial -la moneda iraní- y el encarecimiento general de la vida. Con una inflación que, en octubre del año pasado, alcanzó el 48,6%, la situación económica es asfixiante para los hogares y para los pequeños comercios. Un dólar se cambia a 1,4 millones de riales. Lo que comenzó con cierres de comercios y paros en bazares y tiendas -en particular, en Teherán-- se fue extendiendo a universidades y a ciudades de varias provincias (principalmente, en el oeste y suroeste del país) y ha terminado en enfrentamientos entre manifestantes y policías. Hay disturbios en 25 de las 31 provincias del país. La respuesta de las autoridades ha alternado llamamientos al «diálogo» con una represión violentísima. El presidente Masoud Peshkiyan ha declarado que «el sustento de los ciudadanos es mi mayor preocupación» y ha cursado instrucciones al ministerio del Interior para que entable conversaciones con los manifestantes, pero se han registrado disparos contra ellos y las detenciones se cuentan por centenares.
Se han adoptado algunas medidas cosméticas como el cese del gobernador del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, y su sustitución por Abdolnaser Hemmati, exministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, esto no parece satisfacer a los manifestantes. En algunas protestas se han escuchado gritos de «muerte al dictador» y vivas al Shah, cuyo heredero tiene cierta actividad en redes sociales y se ha dirigido en varias ocasiones al pueblo de Irán. Algunos analistas ven en estos nuevos disturbios una continuación de los altercados que, cada cierto tiempo, sacuden Irán. Entre 2009 y 2011 fue la Revolución Verde y, después, vinieron las protestas de 2017 y 2018 por el paro, la carestía y la corrupción. En noviembre de 2019 miles de iraníes de echaron a la calle para protestar por el precio de los combustibles. En 2021 lo hicieron por la escasez de agua y la ineficiencia en su distribución. Entre 2022 y 2023 el detonante fue la muerte en circunstancias sospechosas de la detenida Jina Mahsa Amini.
Sin embargo, ninguno de estos ciclos de protestas ha provocado la caída del régimen de la Revolución Islámica, que gobierna Irán desde 1979. En general, han sido protestas sin un liderazgo político claro. Esta descentralización ha sido un factor de debilidad de los descontentos toda vez que, aunque hace muy difícil decapitar el movimiento, también imposibilita la vertebración de una alternativa. Hubo figuras como Mir-Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi y Zahra Rahnavard allá por 2009, pero ninguna de ellas logró el liderazgo ni el ascendiente para enfrentarse con el aparato represor y la fortaleza de un Estado que se ha ido dotando de distintos mecanismos para impedir, precisamente, un intento de derrocamiento revolucionario. A lo largo de los años, al Estado le bastaba desatar la represión durante unos meses para mantener la situación bajo control. Tampoco el exilio parece ser la alternativa: Reza Pahlavi, Maryam Rajavi y los líderes de los exiliados kurdos y baluchis están fuera de Irán y esto ya debilita enormemente su capacidad de actuar. A medida que pasa el tiempo, el exilio desgasta a los líderes mientras que el régimen resiste. Así, en las protestas de estos días sería más preciso hablar de sectores movilizados -los comerciantes, los dueños de las tiendas en los bazares, los estudiantes- más que de fuerzas políticas organizadas o de líderes opositores.
Así, parece poco probable que las protestas por sí solas vayan a lograr desestabilizar al régimen. No se trata de derrocar a la Revolución, sino de exigir reformas económicas. Por supuesto, este ciclo de protestas -como los anteriores- suponen un desafío al Estado y a ciertas instituciones como la Guardia Revolucionaria Iraní, cuyo entramado de empresas e instituciones controla buena parte de la actividad económica en sectores como la construcción o la energía. Sin embargo, las reivindicaciones no piden un cambio de régimen, sino una gestión eficaz y eficiente de una economía muy golpeada por las sanciones internacionales.
Existe, sin embargo, el temor en el gobierno de que estas protestas se utilicen como pretexto para la adopción de nuevas medidas contra Irán o, incluso, como un «casus belli» para una escalada militar. En este sentido, la ruptura del Eje de Resistencia, el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, que amplía la capacidad de Jerusalén de proyectar su influencia, y la detención de Nicolás Maduro -el gran aliado de Irán en el continente americano- son señales de peligro para un Estado que se va sintiendo progresivamente acorralado.
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