La Fiscalía, favorable a imputar al número dos del DAO por "coacciones, vejaciones y abuso de poder"

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que la denuncia presentada por el general de división Fernando Mora contra el teniente general Luis del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, presenta una "entidad suficiente y una relevancia bastante" para justificar la apertura de un procedimiento penal destinado a esclarecer los hechos denunciados.

En la grabación, adelantada por ABC y que se aporta como prueba de los hechos, el teniente general Luis del Castillo le profiere a su subordinado, el general Fernando Mora, expresiones como "me vas a comer la polla", "me cago en tu puta madre" y "vete a la puta mierda". "No te meto dos hostias porque no te tengo delante". Se trata de "insultos de enorme gravedad", pero también de una "amenaza física", según la defensa del denunciante.

Según el escrito del Ministerio Público, la documentación aportada por el denunciante, entre ella una grabación telefónica y mensajes de WhatsApp intercambiados el 30 de abril de 2025, constituye una base suficiente para iniciar una investigación sobre la posible comisión de delitos previstos en el Código Penal Militar.

La denuncia sostiene que Del Castillo habría ordenado a Mora que no asistiera a los actos institucionales del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid, pese a que este era el máximo representante de la Guardia Civil en la región. De acuerdo con el relato del denunciante, la orden respondía a instrucciones procedentes del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil.

Fernando Mora afirma que durante una conversación telefónica posterior recibió presiones para acatar la orden y que fue objeto de insultos, amenazas y expresiones vejatorias por parte de su superior. La denuncia atribuye estos hechos a presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y amenazas, coacciones, injurias y calumnias, tipificados en el Código Penal Militar.

La defensa del general sostiene además que la orden suponía impedir arbitrariamente el ejercicio de sus funciones institucionales y que existía un trasfondo político en la decisión. Horas después de los hechos, el denunciante recibió un nuevo mensaje en el que se autorizaba finalmente su asistencia al acto oficial.