Óscar Puente no es ministro por sus cualidades intelectuales, ni mucho menos por su acierto al gestionar el Ministerio de Transportes. El presidente del Gobierno le nombró por ser el mejor ejemplo del sanchismo, por atacar con furia a la Oposición, por su lealtad perruna. Pero ahora ha quedado en evidencia el error de situar al frente del Departamento a un simple hooligan que nunca se ha ocupado ni preocupado, entre otras cosas, por mantener en condiciones de seguridad la red ferroviaria.
El ministro, en cambio, se esfuerza con tesón en encontrar un origen del accidente mortal de Adamuz con un único propósito: que no afecte a su credibilidad, que eluda la responsabilidad del Gobierno. Pero se limita a inventarse hipótesis falsas, a mentir para escurrir el bulto, a insultar a los medios de comunicación que sí investigan con rigor los motivos de la tragedia ferroviaria. Primero dijo que el descarrilamiento en una recta era “algo muy extraño” con la intención de sugerir que podía tratarse de un sabotaje. Luego admitió que había muchas hipótesis. Pero siempre defendió que el mantenimiento y revisión de la red era impecable. Que acababa de ser renovada. Hasta que la propia comisión de investigación nombrada por él admitió que el accidente se produjo por la rotura de una vía. Y ahora El Mundo ha desvelado que el tramo de la vía que se rompió en Adamuz "era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989". Y demostró la gran mentira del ministro y, por tanto, la dejadez del Gobierno en el mantenimiento de la red ferroviaria, el más que probable motivo por el que se produjo el accidente.
Pero Pedro Sánchez ha salido a defender a su ministro como si le fuera la vida en ello. O como si su permanencia en La Moncloa dependiera de salvar el pellejo de Óscar Puente. El presidente ha llegado a decir que se siente “orgulloso” del ministro por su gestión y por dar la cara. Pero ya ni sus socios le siguen el juego y Oriol Junqueras ha pedido su cabeza por “su incapacidad manifiesta”. Y Puigdemont ha aprovechado la crisis para reivindicar las competencias del servicio de Rodalies, que ha sido suspendido este fin de semana por la falta de seguridad provocando el caos en Cataluña.
Aún más, las víctimas del accidente han comenzado a organizarse para tratar de desentrañar las responsabilidades de la tragedia, para saber la verdad de lo ocurrido, para emprender una batalla legal y “que los responsables del fatal descarrilamiento no queden impunes”. De momento, el Gobierno ha decidido aplazar el funeral de Estado que había convocado en Huelva ante el temor a salir escaldado por la indignación de las víctimas.
El accidente de Adamuz, en fin, ha puesto en evidencia la irresponsabilidad e insolvencia de un Gobierno que se mantiene en el poder gracias a comprar los votos de los separatistas con el dinero de todos los españoles en lugar de invertirlo, en este caso, en el mantenimiento de la red ferroviaria. Pero ya ni la propaganda es suficiente para tapar el escándalo de la catastrófica gestión de un ministro que nunca se ha preocupado de otra cosa que adular a su presidente y esparcir bulos por doquier para eludir su responsabilidad de una tragedia ferroviaria sin precedentes.