La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez y que Sánchez declare como testigo

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez solicita 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

La acusación que coordina Hazte Oír ha presentado su escrito después de que el juez diera por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que ha propuesto juzgar con jurado a Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

En el escrito, la asociación ultracatólica Hazte Oír pide que declare en el juicio como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto".

El sindicato Manos Limpias también ha pedido que se impute a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez por cuatro delitos, y solicita una pena de diez años y tres meses.

La acusación expresa que Begoña Gómez habría utilizado su condición de esposa del presidente del Ejecutivo para que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ordenara la creación de su cátedra extraordinaria. Este proceso, según detalla el escrito, "se hace con rapidez, tratándose de una persona sin titulación superior".

Gómez se habría "lucrado personalmente" de la cátedra como bien de la Universidad con la asistencia de su asesora Cristina Álvarez, a través de "funciones auxiliares", detalla el escrito.

Begoña Gómez, contra el juez Peinado

Begoña Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarlo por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que la causa no puede ser juzgada con jurado.

El escrito de Gómez cuestiona que el juez haya dado por terminada la instrucción antes de tiempo, sin permitir a las partes pedir nuevas pruebas y sin esperar a que se resuelvan los recursos sobre autos anteriores, una "evidente" vulneración del derecho de defensa.

Sobre los delitos que atribuye el juez a Gómez, el escrito se centra en el tráfico de influencias y recalca que lo sustenta en la tesis de que Gómez aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para influir en el rector de la Universidad Complutense para crear una cátedra, pero "no aporta un solo indicio de que esto realmente se haya producido".

De hecho, arremete contra la mención que hace el juez a que Gómez cobró por esa cátedra, lo que refleja "o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que le han relatado todos y cada uno de los funcionarios de la UCM que han acudido a prestar declaración: todos han sostenido que la Cátedra era totalmente gratuita y la normativa que la regula así lo establece".

"Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", añade la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.

Un planteamiento similar hace al respecto de las alusiones de Peinado a los patrocinadores de la cátedra como una "fachada" de una retribución encubierta "por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno".

A su juicio, esa afirmación no es prueba de nada, tampoco un indicio, sino una hipótesis relacionada con el presidente del Gobierno, "que ha pasado a ser la persona que está detrás de todas las tesis del instructor en su objetivo de construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas".

Insiste el escrito en subrayar la "valoración meramente subjetiva" del juez, quien "convierte su conjetura personal en un elemento pretendidamente incriminatorio". "No se interpretan hechos. Antes bien, se recrea subjetivamente la realidad para darle una inexistente apariencia de ilicitud penal", sostiene.

Se queja, en este sentido, de que atribuya el delito de tráfico de influencias a Gómez solo por ser esposa del presidente del Gobierno y de que tenga en cuenta que se reunió con sus interlocutores en el Palacio de la Moncloa, obviando que es su domicilio.

También cuestiona que Peinado haya decidido llevar el procedimiento a un tribunal de jurado sin razones suficientes para hacerlo y sostiene que, en realidad, el juez adapta la realidad y estira los tipos penales para que encaje el caso.