La Audiencia Nacional ha vuelto a revocar el régimen de semilibertad concedido, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, así como los terceros grados de los miembros de la banda terrorista Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.
En tres autos, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estima los recursos de la Fiscalía contra la propuesta de la Junta de Tratamiento en el caso de Anboto y las decisiones del Gobierno vasco en relación con otros dos presos de ETA.
El juez José Luis Castro ya revocó hace meses el régimen de semilibertad de Anboto y, en el auto conocido este martes, recuerda que nada ha cambiado respecto a entonces y subraya la gravedad de los delitos por los que fue condenada.
Son, según recordó en el auto anterior, 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.
La fecha de cumplimiento definitiva de Anboto es septiembre del 2034, según señala el juez.
La Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Zubieta, donde Anboto está encarcelada, propuso por segunda vez que disfrutase de un régimen más flexible, en virtud del mencionado artículo del Reglamento Penitenciario, y saliese de prisión de lunes a viertes para realizar labores de voluntariado, con la obligación de volver a la prisión a dormir.
Una medida que recurrió el Ministerio Público y que ahora ha sido revocada por el juez, que considera que, más allá de la actividad de voluntariado, la administración penitenciaria no ha aportado nuevos elementos que justifiquen la aplicación del mencionado régimen.
En su opinión, el acuerdo de la prisión carece "de la novedad cualificada exigible para legitimar una nueva reconsideración del asunto en un plazo temporal tan reducido".
El juez anula dos terceros grados
También ha revocado el magistrado el tercer grado que el Gobierno vasco otorgó a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.
Respecto al primero, autor de 10 asesinatos consumados y 144 frustrados, el juez sí ve en él una evolución positiva, pero apunta que le fue concedido en julio de 2025 el régimen flexible del artículo 100.2 y que aún ha transcurrido un periodo relativamente corto.
Para disfrutar del tercer grado, explica, se necesita más tiempo para constatar la existencia de factores favorables, y recuerda que se trata de un caso con delitos de terrorismo de extrema gravedad, en los que la evolución debe analizarse como una valoración compleja, en la que se unen factores propios del tratamiento, cumplimiento de condena y abono de responsabilidad civil como mecanismo de reparación a las víctimas.
Por ello, cree que Olarra Guridi -cuya condena acabaría en 2032- debe permanecer en el régimen del artículo 100.2, al tratarse de delitos de terrorismo, que "constituyen una de las formas más graves de delincuencia contra las víctimas, los derechos fundamentales de las personas y el propio sistema democrático".
Respecto a Arkaitz Aguirregabiria, autor de 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin, el juez acuerda mantenerle en el mismo régimen de semilibertad y subraya también la gravedad de sus delitos.
Dice el magistrado que el régimen en el que actualmente se encuentra le permite "seguir un programa de reinserción en el que se incluye la inserción laboral" y que debe continuar hasta "constatar una consolidación de las diferentes variables clasificatorias que permitan preparar al penado para mayores cotas de libertad".
Incluida, prosigue, la libertad condicional, teniendo en cuenta que las tres cuartas pastes de la condena se cumplieron el 22 de agosto de 2023, pero que la definitiva se prevé "aún" para noviembre de 2029.
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