Purga de la fiscal general: releva a la fiscal que acusó a García Ortiz y asciende a su mujer

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supone el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

Peramato, una vez celebrado el Consejo Fiscal, propondrá 22 nombramientos de altos cargos de la Fiscalía para su nombramiento por el Consejo de Ministros, según ha informado la Fiscalía General del Estado este jueves.

Según la Fiscalía, Peramato ha decidido en función de "criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación".

La plaza de fiscal jefe de Lugo no ha recibido candidaturas, por lo que tendrá que ser convocada de nuevo.

Como se esperaba, Lastra, que aspiraba a mantenerse en el puesto de fiscal superior de Madrid en el que lleva cinco años, será sustituida por María Isabel Martín López, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general.

Peramato ha destacado su "alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia", además de su plan de actuación "para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público".

Una pieza clave en el equipo de la fiscal general del Estado será María José Osuna, nueva fiscal de Sala jefa de la Inspección Fiscal, tras cuatro años al frente de la Fiscalía de Tarragona. El teniente fiscal de la Inspección será Juan José Criado.

Otro nombramiento relevante será el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien llegó a estar investigada junto al anterior fiscal general en la causa por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y que asciende al Tribunal Supremo como fiscal de lo Social.

Por su parte Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejará la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia, donde será la nueva teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma.

La fiscal de Sala jefa de la Sección Civil del Supremo seguirá siendo Pilar Martín Nájera, igual que Pedro Crespo seguirá al frente de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Antonio Romeral seguirá como teniente fiscal en Anticorrupción.

Por su parte, María Eugenia Hernández Fernández obtiene plaza en la Audiencia Nacional.

El nuevo fiscal jefe de Baleares será Adrián Salazar, hasta ahora teniente fiscal en ese territorio; en Canarias lo será Jaime Serrano-Jover; en Castilla-La Mancha sigue Emilio Fernández; en Aragón María Asunción Losada; y en Extremadura Francisco Javier Montero.

El nuevo fiscal provincial de Cuenca será José Ernesto Fernández; en Burgos se mantendrá José Fernández Mérida; en Castellón María Díaz Berbel.

Ernesto José Vieira será teniente fiscal de la Fiscalía de Canarias; Antonio Mateos, de la de Extremadura; Carolina Santos, de la de Cantabria; y José Rogelio Muñoz seguirá en la de Andalucía.

Fuentes de la Fiscalía han destacado que de los 22 nombramientos hay seis de la Asociación de Fiscales, otros seis de la Unión Progresista de Fiscales, y el resto son no asociados.

Acusada por hacer nombramientos "por adhesión personal"

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, ha criticado este jueves los nombramientos propuestos por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y ha sugerido que responden a una "adhesión personal e inquebrantable" a ella o su antecesor, Álvaro García Ortiz.

En un comunicado, la AF ha criticado que se lance un mensaje a la carrera fiscal, a los poderes públicos y a la sociedad de que se prescinde del mérito y la capacidad, y se prima, a su juicio, no ya la sintonía ideológica, sino esa afinidad personal.

A juicio de esta asociación, Peramato culmina "el plan de evacuación" del equipo de apoyo de García Ortiz, con la elección de una candidata que estaba 800 puestos debajo de Lastra en el escalafón.

De Lastra destacan que cuenta con 35 años de carrera profesional, sin que su desempeño profesional pueda "ser objeto de reparo alguno", y subrayan que "tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortíz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia".

Según la AF, Almudena Lastra actuó con "una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal", que le permitió contemplar los hechos "desde la neutralidad", sin atender previamente "al autor, a lo que alguien pueda esperar de nosotros o a las consecuencias de actuar honestamente".

Pero no solo critican ese nombramiento, sino también el de Pilar Rodríguez, actual jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien llegó a estar investigada en el mismo caso y que ha sido propuesta como fiscal de lo Social del Supremo -la misma a la que fue adscrito García Ortiz- "sin experiencia previa en la materia y en detrimento de compañeros que sí cuentan con ella, entre los que median 300 puestos en el escalafón".

La tercera propuesta que reprocha la AF es la de Pilar Fernández como teniente fiscal en Galicia, por delante de siete candidatos, seis de ellos por encima en el escalafón.

"Fue precisamente Álvaro García como fiscal general del Estado quien ascendió a la actual fiscal general del Estado a la condición de Fiscal Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Cómo se llama a esto en otros idiomas...Quid pro quo?", añaden los fiscales conservadores.