La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de apelación del expresident de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón y ha admitido su personación en la causa de la dana para ejercer su derecho de defensa.
El tribunal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" de Mazón, que permanece aforado por mantener el acta de diputado autonómico del PP.
Los seis magistrados de la Sala, como es habitual en esta causa, han estimado el recurso de apelación interpuesto por el expresidente, al que se adhirió la Fiscalía, contra el auto del pasado 31 de marzo por el que la magistrada instructora denegó esa personación.
“La instrucción continúa y, como hemos señalado, se han acordado y están pendientes de ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudiera permitir una inculpación futura del señor Mazón Guixot”, explican los magistrados.
El letrado de Mazón impugnará la investigación
Tras conocer este pronunciamiento de la Audiencia, el letrado de Mazón, Ignacio Gally, ha insistido en que "desde hace meses se han practicado diligencias en esta causa que afectaban directamente al señor Mazón".
A su juicio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "ya descartó la existencia de responsabilidad penal y, además, recordó la doctrina jurisprudencial aplicable sobre los límites de la instrucción cuando se practican diligencias respecto de una persona no formalmente investigada".
Por ello, ha considerado que "la admisión de la personación nos permite ahora examinar con rigor técnico todo lo actuado, tanto en relación con las diligencias ya practicadas como respecto de las que puedan acordarse en adelante".
Y advierte que "una vez analizada detenidamente la causa, valoraremos la interposición de los recursos y solicitudes que procedan en derecho, incluida, en su caso, la impugnación de las diligencias que hayan excedido los límites propios de la instrucción o afectar indebidamente a derechos fundamentales".
Gally se compromete a actuar "con plena lealtad procesal", pero también "con la máxima firmeza en la tutela de los derechos del expresidente", de cuya responsabilidad penal, añade, "no se ha apreciado indicio alguno".
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