El pasado día 12, Teresa Freixes —catedrática de Derecho Constitucional, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores— publicó en The Objective un artículo titulado «La política de la chapuza». Al leerlo sentí el pequeño vértigo que conoce cualquier experimentalista: el de ver que otro laboratorio, con instrumentos que no son los tuyos, obtiene tu mismo resultado. Ella trabaja con el Derecho constitucional y europeo; yo trabajé con las tablas del Ministerio del Interior y el reparto D’Hondt. Los caminos no comparten ni un tramo. La desembocadura es la misma.
Los lectores de estas páginas conocen ya lo que dije el 20 de junio y el 3 de julio: el voto exterior no fabrica mayorías, pero España ha trazado la frontera de su cuerpo electoral como no lo hace ninguna democracia comparable. Lo que quiero contar hoy es la otra mitad: lo que dice la jurista, lo que añaden los números nuevos, y por qué la coincidencia importa más que cada una de las partes.
Freixes examina las mismas dos piezas con el escalpelo de la forma. Sobre la atribución conjunta de nacionalidad y sufragio a los descendientes de la Ley de Memoria Democrática, su conclusión es que el problema no es de imposibilidad constitucional sino de desidia legislativa, y aporta el remedio con su catálogo: la circunscripción electoral exterior, complementaria de la provincial, como la tienen Francia, Italia, Portugal, Croacia, Rumanía o Lituania — la diáspora representándose a sí misma, sin decidir los equilibrios interiores. Y desmonta la única coartada disponible con un dato que yo desconocía y que merece marco: la reforma constitucional por la vía ordinaria de los tres quintos se ha utilizado ya cuatro veces, la última el 29 de mayo de 2026, para dar a Formentera su senador propio. Una reforma exprés, sin drama, para una isla de doce mil habitantes. Cuando se quiere, se puede; luego, si no se hace, es que no se quiere. Sobre la regularización extraordinaria, Freixes señala además su tensión con el Pacto Europeo de Migración y Asilo — el ángulo europeo que al debate doméstico se le olvida sistemáticamente.
Aquí entran los números nuevos, los del cierre del proceso, que son posteriores a mis tribunas y hablan solos. El plazo terminó el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes registradas. Las estimaciones académicas de población irregular rondaban las 840.000 personas. Solo la vía de arraigo —935.000 solicitudes— excede el censo completo de irregulares del país, censo que incluye a quienes no cumplen requisitos, a quienes tienen antecedentes y a quienes jamás solicitaron. Ningún colectivo del mundo alcanza una participación del 111%: el exceso es, en sí mismo, la medida de que algo no cuadra. Descontando las duplicidades que el propio Ministerio admite y la picaresca de buena fe, la banda defendible de fraude potencial queda entre el 10% y el 25% de la vía principal — o entre el 3% y el 7% si la población irregular estaba infraestimada, que es la lectura más benévola posible. No hace falta pelearse por el punto exacto, porque existe un árbitro: la tasa de denegación. El precedente de 2005 marcó un 16-17%. Pues bien: el balance oficial celebra 609.737 expedientes tramitados y no publica ni una sola denegación.
He querido llevar el método hasta el final, y he dejado por escrito, con fecha, lo que cada resultado significará cuando se conozca — antes de conocerlo, que es como se hace en ciencia para que nadie mueva la portería después. Si la tasa de denegación aparece y ronda el precedente de 2005, celebraré haber acotado un fraude menor y lo escribiré aquí mismo. Si se dispara por encima del 30%, la banda alta quedará confirmada. Y si con este exceso de solicitudes la tasa resultara llamativamente baja, la conclusión no será que no hubo fraude, sino que no se filtró — que es la peor de las tres noticias. La política, evaluada como se evalúa una hipótesis: umbrales primero, resultados después.
Termino donde empecé, en la convergencia, porque es la verdadera noticia. El Derecho detecta la infracción de la forma; los números miden la magnitud de sus consecuencias. Cada instrumento, solo, tiene su patología — el jurista sin cifras puede confundir lo irregular con lo importante; el calculista sin Derecho, lo legal con lo correcto —. Pero cuando ambos coinciden desde orillas que no se comunican, la probabilidad de que los dos se equivoquen a la vez es el producto de dos probabilidades pequeñas. El diagnóstico compartido no es una conspiración que denunciar, sino una chapuza que corregir — y Freixes ya ha puesto la solución sobre la mesa, con su catálogo de países y su precedente de Formentera. Al Gobierno le queda, mientras tanto, una prueba de buena fe de una sencillez insultante: publicar la tasa de denegación. Un dato, una cifra, sin retórica. Si no lo hace, el silencio será también un número (cero denegaciones conocidas sobre 609.737 expedientes), y con los silencios pasa lo que con las chapuzas: también se pueden medir. Y a la oposición le queda, por simetría, su mitad de la prueba: llevar al registro del Congreso la reforma que Freixes deja prácticamente diseñada —la circunscripción exterior—, ahora que el precedente de Formentera acredita que cabe en una legislatura y sin drama. Presentada la propuesta, la respuesta del Gobierno será reveladora en cualquiera de sus formas: apoyarla no cuesta nada a quien no busque ventaja en la anomalía; rechazarla, o dejarla dormir, pondría precio exacto a lo que estas páginas llevan semanas midiendo.
Si (
No(
