La reciente brutal agresión a militares que veían tranquilamente la final del Mundial en un bar o los ataques en Vitoria en el lugar donde se retransmitía en una pantalla gigante invitan a una seria reflexión. Si hay un elemento básico para comprender qué es la democracia como sistema político se trata de la exclusión de la violencia en aras del pacto político mediante la aceptación de la soberanía popular. De tal manera que la voluntad de las mayorías permite organizar la vida social y la administración del Estado, sin la coacción de la violencia.
Este aspecto, tan elemental, sin embargo, no lo es tanto en la democracia española y diagnosticarlo implica señalar una enfermedad importante de la salud de nuestro sistema político, uno más y no menor. Lo que no deja de ser ciertamente preocupante porque, aparte de la gravedad de la justificación de la violencia física -por acción u omisión- en un entorno democrático, significa también su presencia sutil -aunque notoria- en muchas otras dinámicas de la vida de una democracia (lesivas, por supuesto). Sanear nuestro sistema político exige extirpar la violencia física como instrumento de protesta o desacuerdo, en primer lugar, y rechazar sus otras formas posibles: violencia verbal, demonización, exclusión del adversario, intolerancia de ideas ajenas (caricaturizándolas), etc. Nos puede parecer sorprendente pero la violencia física e ideológica y el empleo de la fuerza bruta o disfrazada está demasiado presente en España e indica el deterioro de la autenticidad democrática y el riesgo de derivas autoritarias y de la imposición política. Veamos.
Es sabida y conocida la justificación por parte de Bildu del terrorismo etarra dado que nunca ha dado el paso del arrepentimiento y la petición abierta del perdón por su barbarie. Tampoco han colaborado en el esclarecimiento de asesinatos, presentan a las elecciones a candidatos con delitos de sangre, ensalzan a terroristas en los "ongi etorris" y en total las asociaciones de víctimas del terrorismo contabilizaron 458 actos de exaltación de ETA (2023). Cuando la violencia cabe como instrumento activista, cabe siempre, salvo estrategia o cálculo, y sigue potencialmente pudiendo servir a los propios fines (ejercida de un modo u otro). Es el caso más claro pero no el único.
En su día, los llamados Comités de Defensa de la República (CDRs) catalanes, cuyo origen se remonta a la Cuba castrista y aunque no todos ellos ni la mayoría, tuvieron entre sus miembros a personas imputadas por formar parte de grupos criminales, por desórdenes públicos y con anterioridad por delitos de rebelión y terrorismo. Son transversales a los partidos políticos independentistas y es tristemente recordado el "¡Apretad!" del ex presidente catalán Torra. Está reciente el fallo del TJUE declarando que los intentos de sabotaje y violencia que tuvieron lugar no colisionaron con la Directiva correspondiente de la UE por no producir graves daños a los derechos humanos, sin prejuzgar lo que pudieran decir los tribunales nacionales. Pero que se usó la violencia en un grado importante y, aunque sin éxito, algunos planes terroristas fracasaron.
Por otra parte, Esquerra Republicana de Cataluña contó con que su número dos (acusada de delito de rebelión primero, luego rebajado a desobediencia) y algún otro exdirigente de ERC fueron señalados por la Audiencia Nacional como cabecillas de Tsunami Democràtic que también llevó a cabo acciones violentas tras la sentencia del "procés" en el 2019, con el resultado de algún fallecido. Al parecer, trataron de hacer pasar el movimiento contestatario como algo espontáneo, sin intervención alguna de los partidos independentistas, con el fin de eludir posibles responsabilidades penales.
Finalmente podemos citar a Podemos, partido en el Gobierno la pasada legislatura, que alentó el cerco al Congreso quedando exculpada la actuación de la Policía por el Tribunal Supremo -del supuesto abuso en su respuesta ante la violencia-. El portavoz parlamentario (Echenique) invitó a la violencia callejera producida con la excusa del caso del rapero Pablo Hasel en el 2018 (condenado a más de cinco años por enaltecimiento del terrorismo). A lo que se suman los hechos sucedidos en Vallecas (escoltas de Pablo Iglesias actuando con violencia contra la Policía). El propio dirigente habló de "reventar a la derecha", a lo que se sumó su sucesora en el cargo con posterioridad.
Brevemente estos son algunos de los hitos más recientes y la cuestión que se plantea es si es legítimo en una democracia sana, no sólo pactar, sino incluso gobernar con organizaciones políticas que no rechazan -no basta con las palabras, sino con los hechos- cualquier uso de la violencia física o de otro tipo como instrumento político. A no ser que se justifique por omisión también o se relativice torticeramente por interés partidista y conveniencias de poder. Si es así, llegamos a un punto muy peligroso porque, como decía anteriormente, la admisión de la violencia física en una democracia conlleva la seria contaminación no pacífica de la vida política. Y me temo que en esas estamos, repitiendo esquemas históricos más propios de los totalitarismos del s. XXI que de democracias avanzadas y todo por miseria moral, amparada en sectarismo ideológico y en la justificación de cualquier medio con vistas a un supuesto legítimo fin.
PP y Vox, en su día también Cs, han condenado y reprueban la violencia política...Hay estudios en que en algún año (2011) se ha cifrado en un 85% en la izquierda el origen de actos políticos violentos y en Cataluña por encima del 90% (2023) en grupos separatistas. Pasolini fue el primero en decir claramente que el llamado “antifascismo” es una impostura. Y lo es porque, en su retórica antifascista, la izquierda pretende que existe una amenaza fascista real, cuando no es así, y además es imposible que lo sea. Nos encontramos por tanto ante un antifascismo en ausencia de fascismo, que funciona como instrumento de legitimación del ejercicio del poder y la violencia. El peligro es el fascismo de los “antifascistas” (Indro Montanelli).
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No(
