La Complutense reclama a Begoña Gómez 113.000 euros por apropiarse de su software

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) pide que, en el caso de que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, sean condenadas por malversación indemnicen a la institución académica con 113.509,32 euros de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil.

La Complutense hace ese planteamiento en el escrito de conclusiones presentado ante el próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid por tráfico de influencias y malversación y en el que cifra en esa cantidad el coste del desarrollo del 'software' en el seno de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigía Gómez y que, según la instrucción judicial, habría sido destinado a fines privados.

La Universidad, que ejerce la acción civil como perjudicada, aspira además a que se le restituya la titularidad y control del 'software', "así como de cuantos elementos, soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación o cualesquiera otros activos materiales o inmateriales vinculados al mismo obren en poder de las personas que resulten condenadas".

En su escrito, y a efectos civiles, el centro hace suyos los argumentos de la Audiencia Provincial de Madrid respecto a los indicios acerca de que Begoña Gómez, en su condición de codirectora de la cátedra y gestora de los recursos, habría "desviado el 'software' desarrollado con fondos y recursos públicos hacia su esfera de disposición exclusiva", mientras que su asesora sería presuntamente colaboradora necesaria.

Además, la Complutense detalla los hitos en los que se basan los indicios de un posible delito de malversación: el registro de la marca "TSC", la solicitud de la marca "Plataforma de mediación de Impacto social y medioambiental www.transformatsc.org", una transferencia a su nombre de dicho dominio de internet o la constitución en 2023 de la mercantil Transforma TSC S.L con Gómez como administradora única y la explotación comercial del 'software', sostienen, como objeto.

"Todas estas actuaciones de registro y apropiación habrían privado a la universidad de la titularidad y control sobre un activo desarrollado con sus medios y fondos o menoscabado su propiedad", recalca el centro, que también considera que la Audiencia de Madrid apunta a una administración desleal de patrimonio público y destaca que entre la Complutense y Gómez "existía una verdadera relación de confianza".

Los 113.509 euros reclamados son la suma del gasto directo en el 'software' y el coste de personal. La indemnización pretende compensar "la pérdida de disponibilidad del 'software' desarrollado con recursos públicos" y el coste de retribuciones del personal "cuya actividad, indiciariamente, habría sido destinada a fines particulares".

Cinco días para presentar escrito de defensa

Juan Carlos Peinado, el juez que ha investigado a la mujer del presidente del Gobierno, fija un plazo de cinco días para que las acusadas presenten sus escritos de defensa en una providencia dictada este martes, en la que da además tres días para que ambas indiquen si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

Peinado se dirige a Gómez y Álvarez después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase la continuidad del procedimiento del juicio con jurado contra la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y sobreseyera la acusación por delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Esta providencia no afecta ya al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, apartado del procedimiento del jurado por decisión de la Audiencia de Madrid y contra el que se seguirá la investigación en un procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

Por otra parte, la Fiscalía ha señalado en un escrito enviado al juzgado del juez Peinado que no formulará escrito de acusación, sino de conclusiones absolutorias, en coherencia con la postura mantenida hasta ahora, al no ver delito en este procedimiento.