El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha impuesto una sanción a un organizador de festivales de música en diferentes comunidades autónomas de España, al haber introducido diferentes cláusulas abusivas que limitan los derechos de las personas consumidoras.
En total, la sanción asciende a 320.000 euros en base a que esta empresa ha incurrido en cuatro infracciones graves. En concreto, por haber llevado a cabo las siguientes prácticas que se consideran abusivas:
- La prohibición expresa de acceso al recinto con comida y bebida del exterior, reservándose además el derecho de registrar a los asistentes.
- La limitación del reacceso de los asistentes al recinto del festival: el público tuvo que pagar una cantidad adicional a la propia entrada para poder entrar y salir del recinto durante la celebración del evento.
- La limitación del derecho de reembolso del dinero que los asistentes no se hayan gastado a través del medio de pago que la organización del festival ha establecido (normalmente, pulseras cashless): los organizadores establecieron un periodo de tiempo limitado para solicitar el reembolso y un cobro adicional en concepto de gastos de gestión por la devolución del dinero, así como la no devolución de cantidades sobrantes por importes inferiores a dos euros.
- La imposición de gastos de gestión en la venta de entradas, tras constatar que el incremento de su precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado.
Además de la multa económica, la sanción implica que esta empresa tiene la obligación de rectificar y de eliminar las cláusulas que se consideran abusivas. Así mismo, la sanción supone la conclusión de este expediente que abrió Consumo tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción.
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