La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el sobreseimiento provisional de una causa relacionada con la atención sanitaria recibida por un residente fallecido durante la primera ola de la pandemia. La Sección 15.ª ha desestimado el recurso presentado por un familiar del fallecido, cuya representación ejercía la abogada Alejandra Jacinto, y ha respaldado la decisión del Tribunal de Instancia de Valdemoro.
El Ministerio Fiscal también había solicitado que se confirmara el archivo al considerar que la investigación no había encontrado indicios de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal.
En un auto fechado el 14 de septiembre, la Audiencia considera que la investigación realizada fue suficiente para esclarecer las circunstancias esenciales del fallecimiento y que no existen indicios racionales de criminalidad. Durante la instrucción declararon los profesionales sanitarios que atendieron al residente, se incorporó su historia clínica y se solicitó un informe médico-forense.
Según dicho informe, el centro puso a disposición del paciente los medios adecuados dentro de los recursos disponibles y, teniendo en cuenta su situación clínica y las circunstancias excepcionales de marzo de 2020, fue correcta la decisión de mantener el tratamiento en la residencia. El forense concluyó además que un eventual ingreso hospitalario habría tenido un beneficio «muy limitado, si no nulo».
La Sala considera que no se ha acreditado que el paciente fuera privado de asistencia sanitaria por motivos relacionados con su edad, dependencia o deterioro cognitivo. Tampoco consta, según la resolución, que se solicitara un traslado hospitalario que posteriormente fuera rechazado.
La Audiencia rechaza asimismo ampliar la investigación para analizar de forma general los protocolos de derivación hospitalaria empleados durante la pandemia. El tribunal sostiene que una investigación penal debe centrarse en hechos concretos y que la mera posibilidad de que aquellos protocolos hubieran influido en la asistencia recibida no constituye por sí misma un indicio de delito.
La resolución señala que la valoración sobre la oportunidad o conveniencia de los protocolos sanitarios pertenece al ámbito de la política sanitaria y que su existencia no permite deducir automáticamente responsabilidad penal. En este caso, los magistrados consideran que las decisiones asistenciales estuvieron vinculadas a las circunstancias clínicas del paciente y al contexto extraordinario provocado por la Covid-19.
Con la confirmación del sobreseimiento provisional, la apelación queda cerrada y, según la resolución, no cabe recurso contra ella. El procedimiento solo podría reabrirse si aparecieran nuevos hechos o elementos probatorios con relevancia penal.
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