Crisis de Estado

El paso del tiempo no ha hecho sino agravar, como era de temer, la situación en Ceuta, mostrando la incapacidad del Estado para afrontar y solucionar la crisis. Es esto lo primero que debería preocuparnos: la deficiente reacción, la impotencia para responder a una emergencia provocada por la entrada simultánea, irregular e ilegal en territorio español de decenas de miles de personas, que al parecer de nuestras autoridades gubernamentales, controvertible con la informacion ya hecha pública después, no habían sido advertidas. La vida de la ciudad, la normalidad habitual de sus habitantes, se ha visto abruptamente interrumpida por la avalancha humana, hasta el punto de quedar amenazados el ejercicio de sus derechos y las condiciones mismas de tranquilidad, libertad y salubridad en que se desarrolla la vida cotidiana en Ceuta.
Estamos, además, no sólo ante un problema que afecta a la integridad territorial y a la soberanía nacionales, al haberse producido una vulneración de la frontera, sino también, sin duda, ante una perturbación de los propios fundamentos del orden público constitucional.
En esta situación, el primer interpelado es el Gobierno de la Nación, que dirige la política del Estado. Su actuación tiene, naturalmente, una proyección en el tiempo, pero el Gobierno dispone también de una capacidad reactiva ante las exigencias concretas que puedan presentarse. En una situación de crisis, el Gobierno carga con la responsabilidad última, pero no debemos olvidar que dispone asimismo de la iniciativa y de la capacidad de ofrecer la primera respuesta ante lo inevitable: el mal concreto que ya se ha producido.

Su protagonismo resulta, por tanto, indiscutible y no podía demorarse. Quizá hubiese sido más adecuado servirse de la declaración de un estado excepcional. En todo caso, aunque tardío, el recurso a las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional (Real Decreto 681/2026) proporciona instrumentos de indiscutible utilidad para afrontar la crisis, que pueden complementarse con la normativa relativa a las emergencias sanitarias, en particular la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Pero el hecho de que corresponda al Gobierno la iniciativa ante el peligro de la crisis no excluye la necesaria intervención de la oposición. Aquí, y casi desde el principio, nos hemos encontrado con una resistencia de la oposición a colaborar con el Gobierno, como si en una monarquía parlamentaria no cupiera entender las relaciones entre Gobierno y oposición más que desde la confrontación absoluta.

Esta actitud tiene un largo precedente en nuestra democracia y ya pudo experimentarse con toda acritud durante la pandemia. Contrasta con la experiencia de otros países de nuestro entorno, donde la cooperación se practicó —naturalmente, de manera vigilante y, cuando fue necesario, crítica—. La situación se ve agravada por un enfrentamiento entre los propios líderes, que no dudan, sin excepción, en recurrir a la descalificación personal y a un modo de tratarse particularmente agrio y desabrido.

Todo ello se ve acentuado por la circunstancia electoral, seguramente no muy lejana, pero también por una concepción agónica de la política que no tiene cabida en un sistema parlamentario. En éste, la lealtad al sistema exige reconocer que son muchas más las cosas que unen al Gobierno y a la oposición que las que los separan.

Como hemos repetido tantas veces, los principios institucionales del régimen parlamentario implican una cierta solidaridad que debe anteponerse a la confrontación sin cuartel. Y esto, que es cierto en los períodos normales, lo es todavía con mayor claridad en las situaciones de crisis, en las que el principio de eficacia exige que las decisiones del Gobierno dispongan de una legitimidad redoblada.

Habría, por tanto, que sustituir el principio de confrontación por un espíritu de colaboración, actuando desde un patriotismo sincero que implique que cada uno, dentro de sus posibilidades, contribuya a la resolución de la crisis que ha afectado también gravísimamente al alto número de migrantes que han perdido la vida, poniendo la recuperación de la normalidad en Ceuta por encima de cualquier otra consideración.

Naturalmente, estas actuaciones han de desarrollarse dentro del Estado de Derecho constitucional. Pero deben hacerlo también con una exigencia reforzada de eficacia, poniendo todos los medios necesarios para que los trámites de repatriación —especialmente los relativos a los menores no acompañados— se lleven a efecto con toda diligencia y sin escatimar los recursos personales y materiales que sean necesarios.

Faltan, finalmente, unas palabras sobre Europa y Marruecos, nuestro vecino.

Es comprensible que la crisis de orden público pueda ser contemplada de manera diferente por el Gobierno y por el Partido Popular, y que el Gobierno invoque el realismo político como criterio de actuación. Pero las discrepancias no pueden llevar a ignorar que, en materia de política exterior, debe hacerse un esfuerzo por alcanzar una posición de Estado. Y el Gobierno tiene, además, un límite insoslayable en su actuación: el respeto a las exigencias jurídicas, tanto en el plano legal como en lo que se refiere al control judicial, que no puede ser obviado.

La búsqueda de la colaboración con Marruecos no puede prescindir de las exigencias de firmeza y transparencia. Es aquí donde cobra especial importancia la intervención de Europa.

En primer lugar, en el plano normativo, cubriendo la flexibilización de los procedimientos de expulsión, especialmente en situaciones excepcionales como la producida por el asalto masivo de la frontera. En segundo lugar, reclamando la ayuda europea para el reforzamiento de la frontera y, sobre todo, manteniendo abierta la posibilidad de una revisión o suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos.

En este sentido, resulta especialmente importante la declaración solemne de la presidenta de la Comisión sobre la pertenencia inequívoca de Ceuta a España y, al mismo tiempo, a Europa: Ursula von der Leyen, proclamó, en efecto, que “la frontera de Ceuta es una frontera europea porque Ceuta es España, y Ceuta es Europa”.

Capital resulta asimismo, la resolución aprobada por el Parlamento Europeo la pasada semana en relación con la eventual suspensión del acuerdo si Marruecos no colaborase en los retornos. Se trata de un acuerdo que comporta, como acabamos de apuntar, importantes fondos europeos para Marruecos.

El respaldo europeo a España ante su crisis migratoria, que debe ser valorado positivamente tanto por el Partido Popular como por el Gobierno, podría verse facilitado, asimismo, por una modulación de la posición española en materia de inmigración, más fácil ahora después de la importante regularización que acaba de producirse, y por un compromiso de garantizar que no se producirán movimientos secundarios, que quizá se estén contemplando en Europa con una alarma excesiva.