El Gobierno quiere prohibir los desahucios hasta 2028 y prorrogar dos años los alquileres

El Gobierno ultima con sus socios las medidas para aprobar el decreto de vivienda este martes en el Consejo de Ministros. Tras utilizar como excusa política el desahucio de Maricarmen y las posteriores protestas, desde Moncloa han orquestado una verdadera campaña de ingeniería social con la que dar un paso más en su agenda contra la propiedad privada, que cumple además el objetivo de hacer olvidar a la opinión pública la invasión de Ceuta.

Entre las medidas anunciadas de momento, se pretende, por ejemplo, prohibir los desahucios para "personas vulnerables" hasta 2028 y prorrogar los alquieres dos años, es decir, defender a los okupas y dejar desprotegidos a los propietarios, cuya mayor parte en España son pequeños tenedores. Los fondos buitre y grandes tenedores apenas controlan el 10% del mercado del alquiler.

Con su habitual pompa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este lunes por la noche un llamamiento a todas las fuerzas políticas en el Congreso a hacer "un último esfuerzo" para sacar adelante el decreto de vivienda, "con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad".

Así lo ha dicho en la gala de los Premios Vanguardia, celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya y conducida por la periodista Helena García Melero ante 1.200 asistentes, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente catalán, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; así como personalidades del mundo económico y empresarial y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Sánchez ha obviado el "no" de Junts y ha avanzado que el Gobierno aprobará "un real decreto ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional", porque el "verdadero patriotismo" pasa por "evitar" situaciones como esta.

El Gobierno, ha destacado Sánchez, ha hecho "un gran esfuerzo para materializar" este decreto "con diálogo y capacidad de negociación", incorporando propuestas de diferentes formaciones.

"Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos un último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad", ha afirmado hipócritamente Sánchez, que ha pedido aparcar "cualquier cálculo político", porque proteger la vivienda de las personas es una "cuestión de humanidad".

Medidas del decreto

El borrador del decreto ley del Ministerio de Vivienda también plantea las bonificaciones a inquilinos y caseros a petición de Junts. Sin embargo, no figuran la renovación automática de los contratos de aquiler y la reforma de la ley del suelo.

La renovación automática de los contratos (obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato) es una nueva exigencia que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y por extensión de Sumar han planteado a Vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, la semana pasada en Madrid.

Fuentes conocedoras del borrador aseguran a EFE que el ministerio no la ha incluido hasta el momento en la negociación.

Por su parte, la reforma de la ley del suelo pactada en su momento por el PSOE y el PNV (para que defectos formales o subsanables no provoquen automáticamente la anulación completa de un plan urbanístico y para cambiar las reglas de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados) era la "línea roja" que hasta ahora ponía Podemos para no votar en contra el decreto.

Fuentes de la negociación han dicho a EFE que también podría quedar fuera del decreto la regulación del alquiler de habitaciones, una reivindicación común de los partidos a la izquierda del PSOE, que rechazan Junts y también entidades sociales como Cáritas.

Sí incluiría la regulación del alquiler de temporada, para el que se establecería un máximo de dos años, el doble de lo pactado en la ponencia de hace diez meses. También se prevén ayudas a la compra de la primera vivienda y una bajada del IVA a la construcción de pisos protegidos.  

Según las fuentes, a falta de rematar una redacción que satisfaga a todos los grupos llamados a apoyar el decreto para que salga adelante en el Congreso, el borrador que ha circulado el ministerio incluye una "solución estructural" para evitar los desahucios de inquilinos vulnerables en casos de impago a pequeños propietarios, según la cual la propia administración cubriría esos costes.

En los casos en que el propietario de la vivienda sea un fondo de inversión, el decreto prohibiría los desahucios en determinados supuestos, incluso limitaría a estos fondos la compra de inmuebles.

Las medidas contra los "fondos buitre", que los partidos de izquierdas llevan defendiendo toda la legislatura, son apoyadas ahora también por Junts, que ha movido su posición en los últimos días.

Junts aleja el acuerdo

Junts ha avisado al Gobierno de que el acuerdo se ha alejado tras el último borrador. Fuentes de Junts han explicado a EFE que el Gobierno había hecho pública una propuesta de posible consenso con la que el partido catalán estaba mayoritariamente de acuerdo, pero que el decreto ley ha cambiado sustancialmente esta tarde "a causa de la presión de sus socios".

Este cambio ha provocado que, según estas fuentes, el decreto ley se convirtiera en un decreto ley ómnibus al que se han incorporado múltiples medidas que no formaban parte de lo que se había trabajado y que ya impidieron la convalidación de los anteriores decretos.

El texto recupera dar por buenas las ocupaciones, dejando sin protección a los pequeños propietarios y dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre. Además, se hace una modificación integral de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de hasta 34 artículos, vía real decreto, a pesar de que esta reforma ya se está tramitando con la participación de todos los grupos políticos en el Congreso mediante la ley correspondiente, aseguran las fuentes de Junts.

Aun así, Junts sigue dispuesto a continuar negociando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda.

Negociaciones en curso

Sumar considera que el acuerdo con el Gobierno "todavía no está cerca" para que el decreto ley de vivienda se apruebe este martes y ve "imprescindible" que se incluya la renovación automática de los contratos, una medida que el ministerio ha dejado fuera del último borrador.

Fuentes de Sumar han explicado a EFE que las negociaciones de este lunes por la tarde han servido para acordar la incorporación de la congelación del precio y prórroga de dos años de los alquileres de todos los contratos que finalicen antes de 2029.

Sin embargo, han asegurado que el acuerdo todavía no está cerca ya que la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos son otros "elementos imprescindibles en disputa".

El texto que salga del Consejo de Ministros debe recoger las demandas expuestas por el Sindicato de Inquilinas y las diferentes manifestaciones que se han dado por todo el país", dicen en Sumar.

La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha reclamado a los grupos "un buen acuerdo de mínimos" y alejarse de "posturas maximalistas y excesivamente ideologizadas". Critica los vetos cruzados y se muestran favorables a poner límites a los "fondos buitre" y ofrecer seguridad jurídica a los inquilinos, pero también a dar garantías a los pequeños propietarios. "Aprobar cualquier cosa sabiendo que no va a ser aprobada dentro de un mes es un fracaso", ha advertido.