La magistrada Beatriz Biedma revela que un miembro de Los Rocho fue asesinado en plena operación contra ella.
La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y responsable de la investigación que desembocó en la condena del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz documentación sobre el hostigamiento del que afirma haber sido objeto durante la instrucción de aquella causa.
Biedma, que figura como perjudicada en el procedimiento que investiga las presuntas maniobras de una trama vinculada a las cloacas del PSOE, ha aportado hasta 96 enlaces a vídeos publicados en YouTube por el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. La magistrada sostiene que esos contenidos formaban parte de una campaña destinada a desacreditarla y a tratar de conseguir su apartamiento de la investigación sobre David Sánchez.
En los vídeos, difundidos a través del canal denominado Magistrado Anticorrupción TV, Sáenz de Tejada habría realizado reiteradas descalificaciones contra Biedma. Según recoge la jueza en su escrito, en algunas grabaciones se la acusa de corrupción judicial y se emplean expresiones que, a su juicio, podrían ser constitutivas de calumnias.
La magistrada también señala especialmente una grabación en la que Sáenz de Tejada habría afirmado conocer el colegio al que acuden sus hijos. En otros contenidos, según la documentación aportada, se lanzaban advertencias sobre futuras actuaciones contra ella.
El grupo de WhatsApp 'Vacaciones y viajes'
La jueza sitúa el incremento de los ataques después de agosto de 2024, coincidiendo con la creación del grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', en el que, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) citado por ambos medios, participaban personas relacionadas con las presuntas maniobras para desacreditarla.
La investigación de la UCO apunta a que en ese entorno habrían participado, entre otros, la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el empresario y antiguo presidente del Badajoz Joaquín Parra y Sáenz de Tejada.
Según el informe policial citado por El Mundo, el grupo habría desarrollado una línea específica dirigida contra Biedma con el objetivo de obtener información sobre su entorno personal, familiar y profesional, además de promover actuaciones destinadas a cuestionar su actuación judicial y conseguir que fuera apartada del procedimiento.
Entre las iniciativas descritas figuran denuncias y publicaciones contra la magistrada, así como actuaciones difundidas a través de medios digitales y redes sociales.
La anotación sobre 'La Celsa' y 'el Gitano'
Uno de los elementos que la jueza considera especialmente relevante es una anotación localizada por la UCO en la agenda personal de Leire Díez. En ella aparece la frase: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o Gitano".
Biedma relacionó esos nombres con personas vinculadas a clanes del narco investigados judicialmente en Badajoz. La magistrada señala que, debido a sus actuaciones anteriores contra integrantes de estas organizaciones, interpretó la anotación como un posible indicio de que se pretendía utilizar a personas de ese entorno para ejercer presión contra ella.
En su escrito, Biedma recuerda además que el 30 de diciembre de 2024 fue asesinado Jesús Rocho, uno de los integrantes destacados del clan de los Rocho. El crimen se produjo mientras la investigación sobre David Sánchez se encontraba, según la magistrada, "en pleno apogeo", y Biedma se encontraba de guardia aquel día.
La jueza explica que no ha facilitado inicialmente la identidad de determinados testigos para protegerlos de posibles presiones y evitar que sus datos personales fueran difundidos.
La declaración de 'La Celsa'
La investigación también recoge el testimonio público de Cintia Rocho, conocida como La Celsa, quien habría relatado que dos hombres se pusieron en contacto con ella para proponerle actuaciones contra Biedma y otros jueces de Badajoz.
Según su relato, uno de ellos se habría identificado como magistrado y el otro como abogado. Rocho aseguró que le facilitaron información sobre la jueza, incluida la dirección de su vivienda y fotografías de Biedma, sus hijas y otros magistrados.
La mujer afirmó que se le habrían ofrecido beneficios relacionados con procedimientos judiciales a cambio de actuar contra la magistrada. También manifestó que rechazó la propuesta.
La UCO se desplaza a Badajoz
En paralelo, agentes de la UCO se desplazaron recientemente a Badajoz para tomar declaración a varias personas vinculadas a los clanes investigados, según fuentes citadas por El Mundo y El Confidencial.
Las diligencias buscan determinar si existió realmente una operación destinada a intimidar o desacreditar a Biedma y cuál habría sido el grado de participación de las distintas personas mencionadas en la investigación.
La propia magistrada solicitó el pasado 16 de septiembre personarse como acusación particular en la causa que dirige Santiago Pedraz en calidad de perjudicada. Su declaración está prevista para el 8 de octubre.
El procedimiento deberá determinar, entre otras cuestiones, si las actuaciones descritas respondieron a iniciativas aisladas de particulares o formaron parte de una operación coordinada para interferir en la investigación judicial sobre David Sánchez.
Además de Biedma, documentación manejada por los investigadores habría situado en el punto de mira a otros magistrados y profesionales de la Justicia de Badajoz, entre ellos Emilio García-Cancho, Samantha Reynolds Barredo y Marta Hernández Sánchez, así como al abogado Juan Antonio Díaz-Ambroma Cancho.
Por el momento, las acusaciones y testimonios incorporados a la causa forman parte de una investigación judicial abierta y deberán ser corroborados mediante nuevas diligencias.
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