El Supermo desbarata el pucherazo de Sánchez: mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido este lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' que había impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de acercarse a un nuevo mandato. El Alto Tribunal ha usado el fin de semana para tomar una decisión y finalmente ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha zanjado el asunto y ha asestado un duro golpe al Ejecutivo, que ahora planea recurrir al Tribunal Constitucional.

El Supremo ha basado su dictamen en que "el interés general de preservar la pureza del proceso electoral, y la constatación de una regular y conforme a Derecho relación de electores inscritos en el CERA (Censo de residentes ausentes en el extranjero), debe prevalecer sobre el derecho de sufragio" de los ciudadanos nacionalizados por la vía del pucherazo preparado por Sánchez. Además, en su escrito se ha mostrado contundente contra Moncloa, que había propulsado a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para intentar que se levantaran las medidas cautelares ya que, argumentaban, era "imposible" revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada el mes pasado por el TS.

En la resolución conocida este lunes, que ha sido acordada por cinco votos contra uno, el TS denuncia que la Administración no ha informado sobre los trabajos que ha realizado (el Alto Tribunal requirió que el Ejecutivo distinguiera entre los casos que se ajustan a la Ley de Memoria Democrática y aquellos a los que aplicó la "presunción de exilio") "pese al tiempo transcurrido desde el auto del 10 de septiembre y del acontecimiento sobrevenido de la convocatoria electoral". "Ni siquiera se ha aportado (de esos 163.020 electores) una cifra aproximada de los expedientes de aquellos, que han sido desglosados. Es decir, se ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala, el nivel de cumplimiento de la orden recibida. Las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado y los informes adjuntados no aportan dato alguno que permitan, al menos, tener un conocimiento aproximado de la situación", lamenta la Sala.

Por tanto, añade el ponente Antonio Narváez, "el riesgo de que se constituya irregularmente un Censo de Electores (...), en este caso el CERA, sigue persistiendo con la misma intensidad" ya que su "limpieza y pulcritud constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad", pues "la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho". Según la Sala siguen sin asegurarse "las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que demanda la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española".

En ese mes la Administración ha demostrado una inacción intolerable para el Supremo. Ni siquiera ha explicado cómo desarrolló "aquella inscripción" de los nacionalizados por la 'ley de nietos' ni ha aclarado la "trazabilidad de su acceso al Registro Consular correspondiente". Entonces, la resolución ha insistido en que "el interés general de preservar la pureza del proceso electoral y la constatación de una regular y conforme a Derecho relación de electores inscritos en el censo correspondiente debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes figuran inscritos en aquel censo"; y ha sentenciado que el derecho a voto "debe ejercitarse no sólo en condiciones de igualdad y de libertad, sino, también, rodeado de las necesarias garantías que aseguren la veracidad y exactitud de la voluntad ciudadana expresada en el voto".

El TS ha concluido apuntando que es obligatorio que se aseguren las condiciones para que "aquel ciudadano español que vaya a depositar su voto en una urna electoral tenga la seguridad y certeza de que, junto a él, todas las demás personas que ejerzan aquel derecho cumplen los mismos requisitos que él, de tal manera que la votación se realice sin la más mínima duda de oscuridad o de irregularidad en la lista de electores que tengan derecho a voto, por figurar legalmente inscritos en el censo electoral". Así, la 'ley de nietos', el pucherazo que Sánchez había preparado para asaltar las elecciones del 29 de noviembre, ha quedado neutralizada.

Reacciones del Gobierno de Sánchez y de Feijóo

El Gobierno ha respondido a la decisión del Supremo nada más conocerse el cariz de la resolución. "Van a dejar sin votar a 400.000 españoles", ha proclamado Sánchez esta tarde en los corrillos de la recepción que la Familia Real ha ofrecido en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha usado ese ambiente distendido para manifestar que "parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos" y ha apuntado a que la Abogacía del Estado estudiará si las medidas cautelares de suspensión del TS son una resolución definitiva.

Asimismo, el PSOE ha elevado el tono: "¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?". "Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas", han subrayado de Ferraz, en una declaración en la que han expuesto que "de nuevo el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que el TS haya "vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno" en su resolución sobre la denominada 'ley de nietos'. "En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo", ha dicho Feijóo en un mensaje en X tras conocerse la resolución del Supremo. Y el presidente del PP ha añadido que el alto tribunal, además de "poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno", ha "antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas". "Lo primero en democracia es cumplir las reglas", ha sentenciado Feijóo.