A diferencia de sus padres, cuyo derecho a voto está suspendido salvo que acrediten ser descendientes de exiliados de la Guerra Civil.
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar el 29 de noviembre, al descartar el tribunal la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox.
El censo electoral se ha convertido en uno de los asuntos clave de la campaña electoral. La oposición ha denunciado que el PSOE de Pedro Sánchez ha maniobrado para engordar el censo y así obtener nuevos votantes.
La sección cuarta de lo Contencioso del Alto Tribunal ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en un auto, notificado este lunes -día festivo en la ciudad de Madrid-, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y con el concurrente de otra jueza, que apoya que estas 190.000 personas puedan votar pero discrepa de alguna argumentación de sus compañeros.
Por otra parte, el tribunal ha rechazado las alegaciones de varias asociaciones y particulares que solicitaron reconsiderar la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' -en torno a 163.000 personas-, de manera que la negativa a que estos acudan a las urnas continúa vigente.