La Fiscalía Europea investiga a Igualdad por fraude en las pulseras antimaltrato

La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación en el Ministerio de Igualdad por un presunto fraude con fondos de la UE en la compra de pulseras electrónicas antimaltrato para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia machista.

Agentes de la UCO se encuentran en dependencias de Igualdad para requerir documentación - en concreto, contratos -, así como en el Tribunal de Cuentas.

"Hoy, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) en Madrid (España), está llevando a cabo diligencias de investigación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas de España. Esto se produce tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a la adquisición de brazaletes de vigilancia electrónica", ha informado la EPPO en un comunicado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado, por su parte, que los fondos europeos se han destinado "correctamente", y que Igualdad va a ofrecer "colaboración absoluta" .

"Toda la información que se requiera se va a ofrecer. A nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada unos de los euros, porque me consta que se han invertido correctamente", ha dicho Redondo en la presentación a los medios de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Graves deficiencias"

El Tribunal de Cuentas detectó en septiembre "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento, por parte del Ministerio de Igualdad, de las pulseras antimaltrato para proteger a las víctimas de violencia machista, y concluyó que la calidad del servicio "debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología posible".

El órgano fiscalizador presentó sus conclusiones tras analizar los contratos correspondientes a los años 2018, 2021 y 2023 -este último vigente hasta mayo de 2026- para la puesta en marcha del sistema telemático para el seguimiento de maltratadores, tras los problemas de las pulseras de control que afectaron, entre otras cuestiones a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

El informe señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un plan de transición, lo que produjo "deficiencias" que afectaron a la prestación del servicio, como problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria, que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. El órgano fiscalizador indica que la situación se mantuvo hasta octubre de 2024, momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución.

Asimismo, expresa que tampoco se previó ese plan de transición en el contrato para el periodo 2023 a 2026, por lo que tuvo que procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de ese año. En la fase de ejecución de ese contrato, el informe destaca que se produjeron también "graves deficiencias" durante prácticamente toda su vigencia que, si bien han sido resueltas, "comprometieron su efectividad" durante una parte del periodo fiscalizado.