La Guardia Civil, en el marco de la operación Nexus, ha desarticulado una organización criminal dedicada a desviar combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico para comercializarlo a través de cinco gasolineras de bajo coste situadas en Sevilla y Huelva. La operación se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos el líder de la organización.
En la operación se practicaron 11 registros: tres en domicilios de El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera; otros tres en naves industriales y sedes sociales; y cinco en gasolineras de Sevilla y Huelva. Durante los registros se intervinieron 57.525 litros de combustible, 59.170 euros en metálico, numerosas joyas y relojes de marcas prestigiosas, cinco vehículos de alta gama, cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático.
Desde el pasado mes de febrero, la organización se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible, obteniendo beneficios superiores al millón de euros.
La trama utilizaba como cobertura una empresa matriz del sector energético e industrial, con sede en Cádiz, autorizada para gestionar la recogida, el tratamiento y la eliminación del combustible incautado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Andalucía. Los investigadores comprobaron que, en lugar de destruir el carburante, el cabecilla principal de esta organización y un familiar habían montado 5 gasolineras “low cost” en Sevilla y Huelva para venderlo al consumidor final. Para simular su eliminación, hacía constar que el combustible trasladado a las plantas de reciclaje estaba adulterado con agua.
La operación comenzó el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible actividad ilícita relacionada con una empresa del sector energético e industrial. Las primeras investigaciones permitieron identificar a una empresa con sede central en Cádiz, cuya actividad incluía la recogida, el tratamiento y la posterior destrucción del combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico en Andalucía.
Las sospechas de los agentes se centraron en el destino final del carburante al comprobar que el combustible que supuestamente se trasladaba a las plantas de reciclaje para su destrucción era adulterado con agua, simulando así el cumplimiento del procedimiento legal de eliminación.
La investigación permitió descubrir que detrás de esta estructura empresarial aparentemente legal operaba una organización criminal integrada por cinco personas con distintas funciones dentro del entramado.