El caso Eluana: entre la ética y la ley o el debate sobre una muerte digna

Desde el amanecer de ayer, Eluana Englaro está ingresada en la clínica La Quite, cerca de Udine, en el Norte de Italia. En un par de días, los médicos empezarán a suspender de forma progresiva la alimentación e hidratación que mantiene en estado vegetativo desde hace 17 años a esta mujer de 38 años. A pesar de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, la decisión de la clínica italiana ha generado muchas polémicas y discusiones: mientras el Vaticano pide al Gobierno que “detenga la mano asesina”, la reacción general oscila entre el escándalo, la conmoción y la aprobación. La suspensión de la alimentación representa un tema sensible y que, por lo tanto, genera más dudas que certezas sobre cómo ha de enfrentarse. Abarca una discusión profunda que va más allá del valor de la vida y del concepto de vivir una vida “digna”.

Sin duda, este y otros casos similares presentan situaciones terribles que hieren la sensibilidad de mucha gente y tienen angustiadas a las familias de los pacientes. El tema se presta a un debate abierto y ofrece muchos puntos de reflexión que pueden derivar (y de hecho lo hacen) en un conflicto de susceptibilidades. La medicina actual coloca a veces a sus pacientes en situaciones límite en que la prolongación de la existencia se parece más a la tortura que a la salvación de la vida. Es un tema muy espinoso ante el que hay que derrochar sensibilidad y delicadeza y donde las posturas dogmáticas y drásticas están fuera de lugar.

No nos encontramos en disposición de poder arrojar un juicio moral sobre la cuestión de Eluana y, aunque la larga mano del Vaticano, más influyente todavía en Italia, ya ha tachado la suspensión de alimentación como “abominable asesinato”, el Gobierno de Berlusconi no debería ceder a las presiones que exigen su intervención. No es la Iglesia quien debe disponer de la vida de las personas, aunque a menudo se adjudique esta potestad. Tampoco la ley puede erigirse juez omnipotente cuando del derecho a la vida se trata: sin embargo, sus dictámenes deben ser respetados, ya que, como ocurre a veces, dura lex, sed lex. No hay que olvidar que la petición de la familia de Eluana ha sido avalada por el Tribunal Supremo, órgano al que hay que obedecer por encima de sensibilidades y creencias. El asunto puede provocar divergencias éticas legítimas, pero no debe contemplarse un desacato a la Justicia, pues en su independencia radican las bases del Estado de derecho. En este punto no debería existir debate: démosle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.