El juzgado que investiga una presunta trama de corrupción policial vinculada a los principales prostíbulos de Barcelona ha decretado este martes prisión, eludible bajo fianza de 5.000 euros, para el comisario de la Policía Nacional Luis G.
Fuentes judiciales han informado este martes de que el comisario de la
Policía Nacional acusado de recibir sobornos de burdeles deberá ingresar en prisión por orden del juez
bajo fianza de 5.000 euros. La Fiscalía pedía prisión incondicional para el comisario por los delitos de cohecho y favorecimiento de la prostitución, entre otros.
El juzgado ha concedido un plazo de tres días para el pago de la fianza a Luis G., el sexto agente imputado en este caso de presunta corrupción policial que habría amparado supuestas actividades ilícitas en los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels (Barcelona).
Luis G. fue detenido ayer por los Mossos d'Esquadra, acusado de
haber aceptado sobornos de los propietarios de esos clubes de alterne, los mayores del área de Barcelona, a cambio de avisarles de las redadas que habitualmente se llevan a cabo para detectar si en los burdeles trabajan prostitutas sin los papeles en regla.
El actual jefe de las comisarías locales de la Policía Nacional, ha declarado este martes durante un par de horas ante el juzgado de instrucción, donde se le ha preguntado acerca de su relación con los
propietarios de los clubes de alterne mencionados, dos de los cuales ya están en prisión.
Luis G. fue hace años comisario jefe de Extranjería, cargo del que dependen las unidades de las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía Nacional, de la que
otros cinco mandos y agentes también han sido detenidos o imputados e incluso encarcelados, acusados de interceder a favor de los burdeles Saratoga y Riviera, ambos en Castelldefels (Barcelona).
En esta causa, que ha comportado el cierre provisional por seis meses de los burdeles Saratoga y Riviera, también han sido encarcelados un propietario del Riviera, Antonio H., otro del Saratoga, Raúl P., y el director de este último burdel, Carmelo S., acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución ilegal.
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