Desbarajuste judicial en España

La puesta en libertad de un peligroso delincuente en los juzgados de Alcobendas (Madrid) no es sino un episodio más del calamitoso estado de la justicia en España. El sujeto en cuestión tenía pendientes un buen número de causas, entre ellas dos muertes, y es el supuesto responsable del robo con agresión que sufrió el empresario y productor José Luís Moreno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) culpa a los agentes que le custodiaban y éstos se defienden arguyendo que la decisión de poner en libertad a un preso requiere siempre la aprobación judicial. En este sentido, cuesta creer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pongan en libertad a una persona bajo su custodia sin que la autoridad pertinente de su consentimiento. Por otro lado, el TSJM recuerda que la puesta en libertad de un detenido ha de producirse en todo caso en el marco del centro penitenciario que le custodia, nunca en sede judicial.

Lo cierto es que, por unos o por otros, hay un delincuente en la calle que no debería estarlo. La alarma social que provoca este tipo de hechos es comprensible, máxime si se tiene en cuenta la peligrosidad del personaje. Además, aún está demasiado reciente en el tiempo el caso “Mari Luz”, cuya sombra es alargada. Urge claridad en este asunto y depurar responsabilidades, pero urge aún más si cabe emprender de inmediato la tan necesaria reforma de la justicia. Sondeos y encuestas -a los que tan aficionado es el señor Zapatero- demuestran que los españoles cada vez tienen menos fe en la administración judicial (que es, no lo olvidemos, la primera expresión del Estado). Natural, a la vista de los últimos acontecimientos. Una situación lamentable que la pésima gestión del anterior titular del ramo, Mariano Fernández Bermejo, no contribuyó precisamente a mejorar. Con todo, el problema viene de antiguo, por lo que sería injusto cargar todas las culpas al actual Ejecutivo. Pero sí se le debe exigir que se ponga manos a la obra, para que bochornos semejantes no vuelvan a repetirse. Está en juego la seguridad jurídica, nada menos.