Justicia universal

El enjuiciamiento de los piratas capturados recientemente en aguas somalíes ha vuelto a poner sobre la mesa un polémico asunto, cual es el de la jurisdicción universal ante la comisión de determinados delitos. En este sentido, se ha abierto también en los distintos ordenamientos jurídicos europeos un intenso debate sobre el encaje procesal que podría tener juzgar con arreglo a las leyes propias de cada país a los presos de Guantánamo, cuya situación a día de hoy es más complicada de lo que parece. Podría citarse igualmente el caso de los encausados por genocidio y desapariciones en las antiguas dictaduras sudamericanas, por poner sólo un ejemplo. Otras dictaduras, como la castrista, que disfrutan de una doble vara de medir, o algunos regímenes teocráticos árabes, que suministran petróleo, no presentan problemas judiciales porque no hay juez que quiera o se atreva a entrar en sus asuntos.


Hay quien piensa que habría que poner un límite jurisdiccional a la actuación de determinados tribunales, que es un exceso que algunos jueces conozcan de asuntos tan variopintos y tan deslocalizados geográficamente. La Audiencia Nacional española es un claro exponente de esta situación, ya que de un tiempo a esta parte parece haberse convertido en una instancia internacional competente para conocer de toda suerte de causas, sea cual fuere su procedencia. Pero tal cosa no debe llevar a engaño. El afán mediático de algunos jueces ha convertido un aspecto de indudable trasfondo humanitario en un ejemplo de vedettismo jurídico sumamente dañino. El problema no es que los tribunales europeos conozcan de asuntos foráneos, sino la manera que tienen de hacerlo. La solución pasaría por designar un órgano al que se deriven todas estas causas, sin necesidad de que jueces y magistrados saturados de asuntos domésticos tengan que ralentizar aún más el funcionamiento de la justicia con lo que muchas veces no es sino una distracción mediática.