En más de la mitad de las farmacias se siguen vendiendo antibióticos sin prescripción facultativa, según ha puesto de manifiesto un estudio reciente. Sanidad reconoce que tres de cada diez fármacos de este tipo se adquieren sin prescripción. Una práctica tan habitual como ilegal, que está penada con multas de hasta 90.000 euros.
Clamoxyl, Amoxicilina, Augmentine, Monurol, Zitromax... están presentes en el botiquín de numerosos españoles a pesar de tratarse de antibióticos que sólo deben venderse con receta. Lo cierto es que muchos de estos fármacos pueden adquirirse sin la correspondiente prescripción facultativa, tal y como han puesto de manifiesto numerosos estudios en los últimos años y ha reconocido el propio Ministerio de Sanidad, que ha señalado que
el 30 por ciento de los antibióticos que se consumen en España no han sido prescritos por un médico.
El trabajo más reciente, elaborado por dos médicos de familia catalanes, revela que en más de la mitad de las farmacias se expendían antibióticos para tratar dolencias como una faringitis, una infección de orina e, incluso, una bronquitis aguda.
Desde el sector, el
responsable del departamento técnico del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Santiago Cuéllar, ha negado, en declaraciones a EL IMPARCIAL, que se trate de una práctica "generalizada".
El trato cercano e inmediato con los pacientes es una de las claves de esta práctica. Según han puntualizado fuentes de la
Unión de Consumidores de España (UCE) a este periódico, en muchas ocasiones "se abusa de la proximidad del farmacéutico", especialmente en aquellos casos en los que se establece una relación de confianza entre el profesional y el consumidor.
"Se dan determinadas circunstancias de usuarios que conocen al farmacéutico, que les adelanta el medicamento porque sabe que después le llevan la receta, o los enfermos crónicos", han explicado.
Otros argumentan que su médico les ha recetado por teléfono o que su odontólogo les ha prescrito unos antibióticos para curarse una infección antes de someterse a un implante dental.
En este mismo sentido, Cuéllar ha denunciado que los profesionales del sector, a menudo, sufren "
presiones" por parte de los consumidores.
"Hay pacientes crónicos, personas que conoces y llegan un viernes por la tarde sin receta, gente a la que se le rompe el envase… ¿y qué haces? ¿Les niegas las medicinas porque no traen el papel?", se preguntan los farmacéuticos.
La normativa es clara al respecto. La
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada en julio de 2006, califica de falta grave, en su artículo 101.16, "dispensar medicamentos o productos sanitarios sin receta cuando ésta resulte obligada".
Las sanciones por dicha práctica oscilan entre 30.000 y 90.000 euros, dependiendo de si el incumplimiento se considera de grado mínimo, medio o máximo.
EL IMPARCIAL ha intentado acceder a los datos de las infracciones en el territorio nacional, si bien el Ministerio de Sanidad, de quien dependen las inspecciones correspondientes, ha negado disponer de ellos.
Más allá del ámbito legal, UCE ha hecho hincapié en que "el farmacéutico no es sólo un expendedor de productos, sino un profesional sanitario y debería aconsejar siempre que se acuda al médico".
Una opinión que no comparten algunos profesionales con los que ha contactado EL IMPARCIAL, que han recordado que "
el farmacéutico no es un tendero, ha estudiado cinco años". De acuerdo con esa formación, apelan al "deber sanitario" de atender a algunos pacientes en situaciones excepcionales, "aunque me arriesgue a que me pongan una multa".
La vía intermediaAnte esta disyuntiva, las agrupaciones profesionales abogan por una tercera vía que permita que los pacientes obtengan de forma rápida y eficaz sus fármacos sin que los farmacéuticos tengan que recurrir a prácticas ilegales. Es lo que se ha denominado "
prescripción suplementaria" o "
prescripción dependiente".
Esta opción permite que algunos profesionales sanitarios, como los enfermeros y farmacéuticos, puedan recetar tras superar un período de formación y siempre en el marco de un plan de prescripción diseñado por un facultativo.
El sector ha dejado claro que no pretende asumir funciones propias del médico, sino "estrechar la colaboración con él por una farmacoterapia más eficaz, segura y eficiente".
Esta medida ya ha sido introducida en Reino Unido para garantizar el acceso de los pacientes al tratamiento necesario con la mayor eficiencia para el sistema sanitario.
Sin embargo, la Unión de Consumidores considera que la prescripción debe hacerla únicamente "el médico con un reconocimiento previo del paciente". En declaraciones a este periódico, fuentes de la organización han explicado que "el farmacéutico no tiene por qué conocer los síntomas, posibles alergias e historial del paciente, aspectos que sí conoce el médico".
Resistencia bacteriana
Según el Parlamento Europeo, España es uno de los Estados miembro con mayor consumo de antibióticos, lo que genera un grave problema de resistencia bacteriana. Un abuso que puede hacer que sean menos efectivos en aquellas personas que hacen un mal uso de ellos.
No obstante, los hábitos varían de un país comunitario a otro. En concreto, el consumo de antibióticos es tres o cuatro veces mayor en unos Estados que en otros, por lo que los niveles de resistencia varían.
Las cifras, en cualquier caso, no están claras, puesto que, a pesar de los controles exhaustivos y las inspecciones a las que supuestamente están sometidos los antibióticos, no existen estadísticas que revelen los abusos cometidos ni la evolución de su venta en los últimos años.
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