El Tribunal Supremo de Honduras ha informado de que ordenó al Ejército detener al presidente por su intento de efectuar el referéndum sobre la Constitución. Manuel Zelaya, por su parte, ha afirmado que se encuentra en Costa Rica y dijo haber sido víctima de un "secuestro brutal". El Ejército de Honduras ha ordenado la detención de todos los miembros del Gobierno y ha sacado los tanques a la calle. Mientras, la comunidad internacional ha condenado la acción militar y ha pedido que vuelva la normalidad al país.
El
Parlamento de Honduras destituyó este domingo del cargo al presidente,
Manuel Zelaya, por incurrir en "reiteradas violaciones" de la Constitución, otras leyes y sentencias judiciales. En una decisión aparte y posterior a la aceptación de una supuesta renuncia de Zelaya, el Congreso Nacional aprobó primero el informe de una comisión especial nombrada el pasado jueves para investigar las actuaciones del gobernante y luego la resolución de su separación.
La comisión estableció que
Zelaya incurrió en dichas violaciones durante el proceso que pretendía culminar precisamente hoy con una consulta promovida por él para instalar una Asamblea Constituyente que reformara la actual Constitución, vigente desde 1982 o emitir una nueva. Zelaya incumplió o desconoció mandatos de la justicia ordinaria y electoral, el
Ministerio Público, el
Congreso Nacional, la
Procuraduría General y otros órganos del Estado, que declararon ilegal la consulta, según el informe de la comisión.
Tras la lectura del informe, el secretario del Parlamento presentó el decreto de separación de Zelaya, que fue aprobado de inmediato por los diputados, que luego abrieron un debate sobre la decisión recién asumida. A continuación, los diputados han designado al presidente del Congreso,
Roberto Micheletti, presidente del país. La destitución de Zelaya y la previa aceptación de su supuesta renuncia, se produjeron horas después de que un grupo de militares lo sacara por la fuerza hacia
Costa Rica.
Detención y deportaciónEl
Poder Judicial de Honduras ha apoyado la acción de las Fuerzas Armadas de detener y deportar al presidente,
Manuel Zelaya, según un comunicado leído en medios de comunicación del país centroamericano. "El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales", señala el comunicado. "Y debe desarrollarse -continúa- contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al
Estado de Honduras el imperio de la ley".
El presidente fue detenido este domingo en su residencia, llevado a la base de la
Fuerza Aérea y sacado del país en un vuelo a
Costa Rica. La acción militar se produjo en una jornada en la que estaba prevista la realización de una consulta sobre la convocatoria a una
Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, que había sido declarada ilegal por la Justicia del país.
La escueta declaración indica que a petición del Ministerio Público, el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo libró el pasado viernes una orden a las
Fuerzas Armadas para que decomisara todo el material para la consulta popular promovida por Zelaya. Esa orden no fue acatada por el poder Ejecutivo, por lo que el juzgado instruyó a los militares a que decomisaran todo el material de la consulta popular, en coordinación con fiscales del
Ministerio Público. En ese sentido, la acción de las Fuerzas Armadas "se enmarca en ley", añade el comunicado.
En otro comunicado difundido por cadena nacional, el
Tribunal Supremo Electoral aseguró que las elecciones generales de noviembre se celebrarán y tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. "Hemos recibido la garantía del acompañamiento de las Fuerzas Armadas para el libre ejercicio del sufragio. Habrá elecciones generales le 29 de noviembre de 2009 en cumplimiento de la
Constitución", indicó el presidente del tribunal,
Saúl Escobar. El presidente de la autoridad electoral indico que ese órgano tiene como objetivo "con convicción cuidar celosamente este proceso, el cual se llevará a cabo en paz y transparencia".
