El desafío de la OEA

La crisis hondureña ha tenido una evolución inesperada. Nadie habría imaginado que solo en unos pocos días, el mismo país que fuera el anfitrión de la sesión de la OEA que abrió las puertas al reintegro de Cuba al Sistema Interamericano, se convertiría en el destinatario de una Resolución en la que ese mismo organismo le daba 72 horas para restituir en el poder al presidente Constitucional Manuel Zelaya. De lo contrario lo suspendería de la Organización.

Tampoco nadie hubiera apostado a que los países miembros del Alba terminaran invocando la Carta Democrática Interamericana, como la principal garantía para que uno de sus promotores regresara al poder, cuando unos días atrás cuestionaban la aplicación de esa Carta como condición del regreso de Cuba a la OEA.

Y muchísimo menos, nadie hubiera sido capaz de pronosticar que la OEA intervendría en la crisis de Honduras, de la manera tan decidida como lo ha hecho. Primero, porque en aplicación del Artículo 20 de la Carta Democrática, la Asamblea General Extraordinaria condenó “el golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de Honduras”; reconoció a Manuel Zelaya como único Presidente Constitucional del país (exigiendo que se restituyera en el cargo); declaró que no reconocerá a ningún otro gobierno, que surgiera de esta “ruptura constitucional”; e instruyó al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, realice “las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia en Honduras”. Y segundo, porque amenazó con la aplicación del Artículo 21 de la Carta que le permite a la Asamblea General suspender del organismo a un país miembro cuando constate que en él, se ha producido la ruptura del orden democrático.

El antecedente más cercano a una intervención de esta naturaleza, por parte de la OEA, había sido durante el golpe militar al presidente Hugo Chávez. En abril de 2002, el entonces Secretario General, César Gaviria, viajó a Caracas para realizar las gestiones diplomáticas que ayudara al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Su intervención fue definitiva en la vuelta a la normalidad en ese país. La diferencia radica en que, mientras Gaviria viajó a Caracas días después de que Chávez había regresado al poder, el actual Secretario General, José M Insulza, viaja a Tegucigalpa sin que se haya resuelto la crisis, y más bien se han radicalizado los ánimos.

Hasta entonces, el papel de la OEA se había reducido a la validación de los gobiernos que estaba en la orbita de los intereses de los Estados Unidos. La tradición de la OEA en la “gestión de crisis”, había sido de indiferencia o silencio cómplice. Su inmovilidad frente a las crisis regionales de los últimos 30 años, había permitido que se le cuestionara a la OEA su contemplación frente a los golpes de Estado en Uruguay, Argentina y Chile. O que callara “ante la muerte de Salvador Allende, ante el asesinato y desaparición forzosa de decenas de miles de sudamericanos durante la tenebrosa Operación Cóndor”

Sin duda, la decisión de aplicar la Carta Democrática Interamericana, pone a la OEA en una orbita distinta: la de un organismo multilateral que busca contribuir efectivamente a la gestión de las crisis políticas en la región.

En esa perspectiva, si las gestiones de Insulza en Tegucigalpa resultaban efectivas, la previsión no podía ser distinta: la OEA estaría enviando dos mensajes claves a los países de la región: 1) Que está no dispuesta a permitir que progresen los espíritus golpistas y antidemocráticos en América Latina; y 2) Que el dar un apoyo tan decidido a un gobierno cercano a la Habana, tan cercano como Honduras, abre el abanico de posibilidades para que Cuba considere su solicitud de ingreso al organismo.

Sin embargo, las gestiones de Insulza se han encontrado con una difícil situación. En su visita a Tegucigalpa, el gobierno de facto le hizo saber muy claramente al Secretario de la OEA, que no estaban dispuestos a revertir la situación y más bien mostraron una actitud férrea, frente a la dura reacción de condena que ha desatado la comunidad internacional. Incluso, antes de que Insulza llegara a piso hondureño, el nuevo gobierno decidió denuncias la carta de la OEA que es el mecanismo formal al que deben recurrir los países que quieren retirarse de ese organismo.

La consecuencia ha sido inmediata. La Asamblea General Extraordinaria, decidió la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática a Honduras. Es la primera desde 1962 y marca la disposición fuerte de la OEA de excluir de su seno a todos a aquellos países que no cumplan con los requisitos exigidos para su permanencia.

A primera vista pareciera que el papel de la OEA queda en entredicho y que, en su lugar, habría que pensar en nuevas instancias regionales para tratar de salvar la situación. Pero lo que está ocurriendo en Honduras es distinto. No se trata de mediar entre dos partes que están en disputa por el poder. Se trata más bien de hacer valer la permanencia del juego democrático en los países de la región. Y aquí tiene mucho más sentido la acción de un organismo multilateral, que la acción de grupos de países que lejos de ayudar a arreglar la situación pueden terminar agravándola.

En este panorama solo resta que las partes acepten la vía diplomática. Luego de las primeras muertes ocurridas con el fallido intento del depuesto presidente Zelaya de regresar a Tegucigalpa, el gobierno de facto y el gobierno en el exilio han demostrado su intención de encontrar una salida negociada a la crisis. Ambas partes han enviado ya delegaciones a Washington. Otra vez la OEA va tener un papel preponderante. El de mediar entre dos fueras en conflicto que poco a poco se van configurando con un perfil muy definido. Nuevamente, La OEA será protagonista. Esperemos que sepa responder al desafío.