El gobierno de Suecia exige explicaciones al Ejecutivo de Hugo Chávez, por la aparición de armamento de manufactura sueca en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue vendido a Venezuela durante la década de los ochenta, según informó la cadena de noticias BBC Mundo en su edición para América Latina.
El gobierno de Suecia exige explicaciones al
Ejecutivo de Hugo Chávez, por la aparición de armamento de manufactura sueca en manos de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual fue vendido a Venezuela durante la década de los ochenta, según informó la cadena de noticias BBC Mundo en su edición para América Latina.
De acuerdo con la BBC, la polémica se desató en días pasados cuando la publicación británica Jane`s Intelligence Weekley, dio a conocer una información detallada sobre la incautación por parte del ejército Colombiano, de un número indeterminado de
lanzacohetes AT4, fabricados por la compañía sueca Saab Bofors Dynamics, que se encontraban en posesión de las FARC. El operativo que permitió el hallazgo de estos proyectiles, tuvo lugar en el departamento del Norte de Santander, muy próximo a la frontera venezolana.
Aún cuando las fuentes consultadas por la cadena de noticias afirmaron desconocer el monto exácto que el grupo guerrillero pagó por estos lanzacohetes, precisaron que, según los correos encontrados en los ordenadores de Raúl Reyes, las FARC tenían destinados al rededor de 210 mil euros para la compra del citado armamento.
Por su parte, el consejero político del Ministerio de Comercio de Suecia, Jens Ericsson, aseguró que su gobierno tiene confirmado que los lanzacohetes son de fabricación sueca, por lo que su país reclama una explicación al gobierno Venezolano sobre este asunto.
Dichas declaraciones coinciden con las emitidas por la empresa Saab Bofors Dynamic, durante una entrevista para la emisora pública Sveriges Radio Internacional, en la que corroboró que el armamento incautado por el ejército colombiano, corresponde a un lote que la compañía había vendido a Venezuela en la década de los ochenta.
Entre tanto, el dirigente de la
Fundación Seguridad y Democracia, el analista Alfredo Rangel, afirmó a la BBC, que el incidente es de “máxima gravedad” y que no pudo ocurrir “ sin la anuencia de altos mandos del ejército venezolano”.
Un “show mediático”Ante la controversia las reacciones del gobierno venezolano no se hicieron esperar. El ministro de Exteriores de ese país, Nicolás Maduro, calificó a estas acusaciones como una “campaña sucia y vulgar” contra Venezuela, que serviría para justificar una posible alianza militar entre
Estados Unidos y Colombia, una afirmación que aduce al acuerdo de cooperación militar firmado entre Washington y Bogotá, que permitiría el uso de cinco bases colombianas al ejército estadounidense.
Asimismo, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dijo que las denuncias por parte del Ejecutivo de Uribe son un “show mediático”, propio de “una película barata del gobierno norteamericano y lamentablemente de los pitiyanquis de la región”
