Los jueces acusan al Gobierno de no avanzar en la reforma de la Justicia

Se cumplen seis meses de la primera huelga judicial en España. Tras la paralización de los juzgados españoles y la destitución de Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia, las asociaciones judiciales creían empezar a ver la luz, después de la lacra que arrastran desde hace demasiados años.

Sin embargo, según las asociaciones, con el ministro Caamaño lo único que ha cambiado es que “es un hombre encantador, educado y con buenas formas... algo que no tiene nada que ver para la negociación de las reformas“.

Desde que el Gobierno se reuniese con las asociaciones judiciales, éstas sólo han visto avances “en los asuntos menos significativos y sustanciosos”.

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha sido contundente aludiendo a que han habido “absolutamente nulos avances”. Éste ha explicado a EL IMPARCIAL algunos conseguidos y ha dado a conocer la fecha del 8 de octubre como próxima convocatoria de huelga si la negociación sigue estancada. "Vamos a esperar, esperanzados pero asépticos," a la próxima reunión del 22 de septiembre "y si no se toman medidas iremos respondiendo in crescendo" o haremos una huelga indefinida.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha comentado a este diario que su asociación, de momento, no apoya la huelga del 8 de octubre, pero ha avisado de que "si el Gobierno acaba diciendo que no hay dinero y pone a Hacienda como excusa será que no tiene interés".



“Se han reconocido más días de vacaciones en función de la antigüedad de los trabajadores; se ha suprimido el ascenso forzoso de juez a magistrado que obligaba a los trabajadores a desplazarse a otras ciudades, creando disfunciones de conciliación; y se han creado comisiones y grupos de trabajo que analicen las cuestiones a mejorar”, ha resumido García.

Sin embargo, el portavoz de APM ha aludido a que “cuando ponemos el ojo en zonas donde ya se toca el nervio, como la determinación de las cargas de trabajo, no se avanza”.

Antonio García ha explicado que en cuanto a este último tema, el responsable sería el Cuerpo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que para que pudiese despejarlo tendría que coordinarse con el Ministerio de Justicia para la ampliación de las plantillas o la creación de nuevos juzgados, entre los que se repartiría la carga de trabajo.

Este descontento generalizado se acentúa teniendo en cuenta que cuatrocientos jueces ya han firmado el manifiesto que a finales del mes de junio comenzó a circular en la intranet del Poder Judicial -una cifra récord, ya que desde hace unas semanas un centenar de nuevos magistrados se han adherido-, en el que muestran su "decepción y descontento" ante lo que consideran los "escasos logros" alcanzados en las negociaciones de las asociaciones con Justicia.

"Los miembros de la Carrera Judicial anunciamos nuestra firme decisión de adoptar todas aquellas medidas constitucionales y legales que procedan en orden a alcanzar las reivindicaciones básicas propuestas por las Juntas de Jueces celebradas en toda España el 21 de noviembre de 2008", señala el manifiesto.

El escrito, además de ser firmado por jueces a título personal, fue debatido y aprobado en varias juntas celebradas en junio, entre ellas las de Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Granada.




Según los firmantes, sólo se han producido “tímidos avances”, que son “claramente insuficientes” para solucionar las "carencias estructurales" de la Administración.

Por otra parte, los jueces consideran insuficiente el dinero anunciado por el Gobierno para modernizar la Justicia y cifran en el 3 por ciento del PIB la cantidad necesaria.

La APM cree que el dinero prometido por el Gobierno irá a parar al Ministerio porque allí hace falta y porque con la inversión “se pasará de tener una cuadra a tener algo pasable”.

Por ello, la Asociación Profesional de la Magistratura denuncia que “ni un juez ha mejorado las condiciones” y que no se ha visto nada sobre la actualización informática de los juzgados y de la interconexión entre éstos. “Sólo tenemos la palabra (del Ministerio), si es que todavía tiene algún valor”.

Antonio García ha explicado a este diario que han convocado de forma unilateral una huelga para el próximo 8 de octubre y ha comentado que han dado este paso “porque sólo se les hace caso con medidas de presión”. “Los jueces no quieren seguir llevándose la responsabilidad de cara a la opinión pública de todo lo que ocurre en la sociedad”, ha considerado García.

El portavoz de la APM ha comentado que “en el fondo no hay ninguna voluntad política de tratar a la Justicia como una cuestión de Estado”. "Todos dicen que es la hora de la Justicia, pero luego ésta se queda como estaba. La Justicia todavía no ha dado el salto a la modernidad", ha aclarado García.

"Lo mejor que tiene la Justicia son los profesionales. Si no fuese por su esfuerzo y sacrificio se habría hundido todo. Sin embargo, no somos nosotros quienes tenemos que solucionar esto", ha explicado el portavoz de la APM.




¿Qué piden los jueces?
Las asociaciones judiciales quieren equiparar la Justicia española a la europea con veinte jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay muchas otras reivindicaciones pendientes que beneficiarán, según aseguran las asociaciones judiciales, no sólo a los propios jueces, sino también a los ciudadanos.

Sin embargo, la APM asegura que "se encuentran donde hace siete meses" y que "han recibido sólo buenas palabras, pero avances, cero".

Oficina judicial
Los jueces reclaman la urgente instauración de la misma, que les liberará de muchas funciones para que se dediquen a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero exigen mantener la facultad de señalar los juicios y vistas, que el Gobierno ha atribuido a los secretarios judiciales.

Antonio García considera que en este asunto "se les ha rejoneado" ya que la pérdida de la facultad de instaurar las fechas afecta a su función de forma directa y se ha desviado a los secretarios judiciales "que no son independientes" por depender del Ministerio. Además, cree que con esta medida se les recorta el espacio jurisdiccional en pro de otros.

Nuevas tecnologías
Las asociaciones judiciales reclaman la conexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades Autónomas que actualmente son "incompatibles", y un sistema de alerta que les permita, por ejemplo, saber al momento si un imputado tiene causas pendientes en otros juzgados.

Formación
La Judicatura exige una "formación esencial básica" para quienes accedan a funciones relacionadas con la Administración de Justicia de carácter interino y que se asegure "la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular".

Carga de trabajo
Los magistrados piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que establezca la carga máxima de trabajo "razonable" que puede asumir cada Juzgado.

Planta judicial
La carrera judicial pide una revisión en profundidad de la misma, creando o suprimiendo Juzgados donde se precise para asegurar una carga equitativa del trabajo.

Sustituciones
Los jueces exigen un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

Concialiación laboral y familiar
Los magistrados piden la supresión del traslado forzoso por ascenso, que hace que muchos Juzgados queden vacantes cuando su titular sube de categoría y es obligado a ocupar otra plaza en otro sitio.

Retribuciones
Las cuatro asociaciones judiciales renunciaron a sus reclamaciones de subidas salariales, aunque esa reivindicación se ha incluido en algunos preavisos de huelga. "No pedimos cobrar más ya, pedimos un nuevo modelo que prepare a medio plazo el rasero de retribuciones donde movernos", ha matizado el portavoz de APM, que ha añadido que lo dicen "con la Ley de retribuciones en la mano".

Además, García ha comentado que también piden una mejora de las condiciones de jubilación, ya que, ha asegurado, "ven mermadas sus retribuciones un 50 por ciento".

Por otra parte, exigen un aumento salarial en las guardias, puesto que el portavoz de la APM alude a que "quien hace la guardia cobra menos que los funcionarios que hacen el apoyo al magistrado".