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Este lunes, el Gobierno y el PSOE han designado a los últimos doce magistrados que formarán parte del Consejo General del Poder Judicial después del acuerdo alcanzado para renovar el órgano.

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece estar dispuesto a facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para ello ha hecho que el líder del PSC, Pere Navarro, se desmarque de las pretensiones secesionistas del partido socialista en Cataluña.

Convergencia i Unión ha registrado en el Congreso una proposición de ley por la que espera que se dé el visto bueno a que los jueces y fiscales que desempeñen su labor en Cataluña hablen catalán por imperativo.

Al Gobierno le correspondía proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional y así lo ha hecho: Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional. En Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado también el proyecto de Ley de Cajas, la “pieza de cierre” de la reforma bancaria, según Luis de Guindos.

Don Juan Carlos ha pedido este miércoles en Barcelona, durante la entrega de despachos a los nuevos jueces de la 64 promoción, ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que "se vuelquen sin descanso" en proteger y tutelar los principios del ordenamiento jurídico, teniendo presente en todo momento "los valores y derechos que la Constitución consagra y protege".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este martes un "principio de acuerdo" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha confiado en que la lista de vocales consensuados para el órgano de gobierno de los jueces se pueda cerrar antes de las ocho de esta tarde.

Los ocho jueces de la Audiencia Nacional que votaron a favor de esperar a que el Supremo se pronunciara sobre la sentencia de Estrasburgo se han manifestado en contra de su aplicación "de manera mecánica" a presos con la doctrina Parot porque "habrá que estar a las circunstancias de cada supuesto".

La controvertida reforma judicial impulsada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, puede tener los días contados. Este martes la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría ha declarado inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, punto clave de la medida "kirchnerista".

El PP ha aprovechado la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para introducir una modificación en la Ley de Extranjería y regular la expulsión de los refugiados o extranjeros que gozan de protección internacional.