La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la necesidad de respetar las decisiones judiciales, tras sus declaraciones ante la propuesta del juez Peinado de juzgar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños se ha vuelto a pronunciar sobre el auto de Peinado en estos términos: "Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII y por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o no están fundadas en derecho". Su opinión, ha insistido, "es muy compartida por una parte de la sociedad y también de la carrera judicial".
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también se ha servido de la plataforma del Consejo de Ministros para defender públicamente a Begoña Gómez, así como el titular de Transportes, Óscar Puente, quien ha denunciado las causas judiciales "que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente".
Comunicado de la APM
La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, ha tildado, por su parte, de "inadmisible" que un miembro del Gobierno, en alusión a Bolaños, afirme que una actuación jurisdiccional "avergüenza" a muchos jueces y magistrados.
En respuesta a Bolaños, la APM recuerda que en un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales "no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos, que existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción".
Los jueces y magistrados españoles, continúan, "no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos". Lo que necesitan, sostiene, "es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno".
Sería deseable que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes "concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia y, singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los Tribunales de Instancia, en lugar de emitir valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación", concluye.
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