Felipe VI ha presidido este jueves el acto de apertura del año judicial, una vez más rodeado de polémicas tras la reciente decisión del Supremo que ha suspendido las altas en el censo electoral por la ley de nietos y la investigación de la crisis migratoria en Ceuta, que ha erosionado aún más la relación entre el Gobierno y los jueces.
Como es tradición, el Salón de Plenos del Supremo ha acogido el acto más solemne del año en los tribunales con la presencia de las autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
La fiscal general, Teresa Peramato, ha presentado la memoria anual del Ministerio Público, sobre la que ha destacado que en un año han aumentado un 4.9 % de apertura de diligencias. "La lucha contra la corrupción es una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía General. La investigación de estas conductas exige el máximo rigor, determinanción e independencia".
Sobre Ceuta, Peramato ha destacado "la necesidad de preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad" en Ceuta.
La fiscal general del Estado ha afirmado que la crítica legítima a la Justicia “no puede confundirse con la descalificación sistemática".
Como viene sucediendo en los últimos años, el acto llega en un clima de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que ha salido en tromba para arremeter contra la decisión adoptada este martes por el Supremo respecto de los efectos electorales de la ley de nietos, un fallo contra el que el Gobierno ha salido en tromba.
Un episodio que se suma al choque por la investigación en Ceuta tras el intercambio de cartas entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la presidenta del Poder Judicial , Isabel Perelló, que pidió respeto a las decisiones judiciales. El último miembro del Gobierno en sumarse a las críticas al Poder Judicial ha sido Óscar Puente, quien ha afirmado esta misma mañana en RNE que en el Supremo "hay jueces intentando hacer política".
En su discurso ante el Rey, Perelló en su discurso ha defendido su papel "neutral" con el objetivo de que sus decisiones no estén al servicio de "otros intereses". La presidenta del CGPJ defiende una Justicia "independiente y profesional".
"Nuestra independencia es la mejor garantía para los ciudadanos", ha añadido: "No cederemos ante presiones ni injerencias de ningún tipo".
Si falta un Poder Judicial independiente "desaparece el Estado de Derecho", ha advertido Perelló: "Los tribunales deben resolver sin presiones directas ni indirectas".
Perelló insiste en que la democracia es inexistente sin la "independencia" del Poder Judicial y la "imparcialidad" de los jueces. "Quien acude a los tribunales no tiene derecho a una decisión favorable a sus pretensiones", advierte.
Las resoluciones judiciales "pueden ser criticadas", pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución "no puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos".
Ante las acusaciones del Gobierno de que los jueces adoptan decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas :"Es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho".
Según la presidenta del Supremo, el hecho de que las "descalificaciones" provengan del Gobierno hace que la gravedad "sea todavía mayor".
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