La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal (Loecrim), una reforma que atribuye las investigaciones penales a los fiscales y que, a su juicio, "supone de facto la deriva bolivariana" de la Justicia española.
"Es el intento definitivo de controlar la acción penal", ha dicho Ayuso en una rueda de prensa en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde ha criticado la "obsesión por ir minando la independencia judicial" del Gobierno de Pedro Sánchez.
El nuevo texto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros incluye entre otras novedades el dejar fuera de las acusaciones populares a partidos políticos, sindicatos o asociaciones vinculadas a ellos, además de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal.
Díaz Ayuso ha alegado que la cúpula de los fiscales "es elegida por el Gobierno" y considera que la posible "buena fe" de la reforma queda desacreditada por la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "procesado y que ni se plantea dimitir".
García Ortiz está procesado por la presunta filtración de información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ella ha afeado que, habiendo "cometido graves delitos", esté "redactando las leyes".
"Este golpe a manos de la Fiscalía se suma a la mayor ofensiva a la independencia judicial y fiscal en décadas", ha abundado la presidenta madrileña, que ve en esta reforma una deriva hacia la "justicia popular" y "el sueño de los totalitarios: que haya una justicia sin jueces".
Díaz Ayuso ha extendido sus críticas a la reforma del acceso a la carrera judicial que, según ella, "acaba con los principios de mérito y capacidad", o la ley de eficiencia en la justicia, que "también quiere acabar con la independencia judicial" al separar a los jueces "de quienes les llevan los asuntos".
Reclama 142 nuevos jueces en Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha inaugurado este martes el nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, ha aprovechado para exigir la incorporación de 142 jueces a la región, que "sufre", ha dicho, "una preocupante escasez" de togados.
Ha afirmado que esta misma reclamación ha sido realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), toda vez que la esta comunidad "cuenta con 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional".
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