Piratas en Cultura

En nuestro sistema jurídico no hay privilegios. Salvo el rey y las mujeres (y éstas
sólo en aquellos casos en que se ha considerado necesario discriminarlas positivamente) todos somos iguales ante la ley. A esto llamamos “estado de derecho”.

El estado de derecho está muy bien. Otra cosa es el estado de hecho. Dado que la vara de medir es idéntica para todos, desde el ciudadano sin recursos a la todopoderosa administración pública, su uso da lugar a frecuentes desafueros. Quien más partido saca de ello es el propio Estado. Ni la lentitud de hipopótamo del sistema judicial, ni su falta de recursos, ni el colapso derivado de una endémica mala gestión, le perjudican en igual medida que a los particulares. La cosa es así y no tiene ningún remedio, aunque resulta muy grave porque tras el escudo del Estado se parapetan a veces administradores poco escrupulosos que, en interés privado o en nombre incluso del bien común, infringen las mismas normas cuya trasgresión tienen obligación de perseguir. Piensen, por ejemplo, en lo que ha sucedido en tantos municipios con las leyes de protección del patrimonio histórico o del entorno natural cuando eran las propias instituciones públicas las que se veían limitadas por ellas.

El caso que deseo contarles pertenece a este género. Su protagonista es mi amigo Pepe Rey, musicólogo y conocido colaborador durante muchos años de Radio Clásica. A mediados de junio, un poco por azar, se enteró de que en la página web del Festival de Teatro de Almagro figuraba un texto con su firma. Al leerlo comprobó que se trataba de un torpe extracto de un comentario suyo escrito varios meses antes para un concierto en León. El asunto no hubiera tenido demasiada importancia si no fuese porque ningún responsable del Festival de Almagro le había pedido autorización para reproducir aquel texto y menos aún para fragmentarlo y estropearlo. Sabedor de que ahora vivimos en la cultura del cortar y pegar, Pepe Rey no se sorprendió de que el textopirata desconociera el principio de necesidad interior que guía cualquier trabajo intelectual bien hecho, pero sí que semejante acto de pillaje procediera de una entidad cuya presidenta es la ministra González-Sinde, santiagoycierraespaña de la lucha en defensa de los sagrados derechos de autor.

Mi amigo, como es lógico, se dirigió al Gerente de la institución, quien retiró de inmediato el texto de su página web. Ello no impidió, sin embargo, que días más tarde aparecieran otros fragmentos del mismo en el libro-programa del Festival, bien que esta vez sin firma, probablemente para borrar pistas. Ante las renovadas protestas del autor, atónito con tanta chapuza, el Gerente reconoció que el texto les había sido facilitado por una persona del INAEM, organismo perteneciente al Ministerio de Cultura y, por tanto, también bajo la férula de la señora González-Sinde, implacable adalid de los derechos de propiedad intelectual.

Los abogados de Pepe Rey están ya en el asunto. Veremos lo que dura. Mientras ellos recorren esa línea lenta e incierta (“cachonda”, decía Pedro Pacheco) de la justicia, nosotros podemos volver a la reflexión del principio: cuando las instituciones estatales sirven de amparo a desaprensivos que aprovechan su posición para saltarse a la torera las mismas leyes cuyo incumplimiento deben perseguir, la indefensión del ciudadano, obligado a arrojarse en brazos de una justicia tardígrada, es casi total. Contra esto, sólo cabe el celo de los gobernantes, responsables primeros y últimos del funcionamiento de los organismos del Estado. En todo caso, estoy seguro que desde una perspectiva ética y democrática ganaríamos mucho si la Ministra de Cultura empleara la mitad del tiempo que dedica a amenazar a los pecadores de internet en controlar algo mejor las prácticas filibusteras de sus subalternos.