Una propuesta vergonzosa

Vergonzosa, por decir lo menos, muy vergonzosa es la propuesta que viene haciendo, el gobiernista Partido de la U en Colombia. Este partido se ha propuesto presentar un proyecto de reforma constitucional, en la que, ni más ni menos, le quita la facultad de investigación y juzgamiento de los congresistas que la Constitución de 1991 le había a la Corte Suprema de Justicia.

La reforma busca la creación de un Tribunal especial que sea el que investigue a los legisladores. Se trata de un Tribunal de prestantes juristas que podría ser conformado por el “Consejo Superior de la Judicatura”.

La razón que están expresando los promotores de la propuesta, encabezados por el ex comisionado de paz del gobierno Uribe y presidente del partido de la U, Luis Carlos Restrepo, es que no es conveniente que estas dos instancias y estos dos poderes se juzguen mutuamente, porque de una u otra forma puede terminar paralizada la acción de juzgamiento". Pero parece de fachada.

La propuesta parece obedecer más bien a la decisión tomada recientemente por la Corte Suprema de hacer valer el fuero de los congresistas, no como una garantía personal, sino como una investidura institucional. Los parlamentarios vinculados con los paramilitares, habían alegado el fuero como garantía personal, por lo que, ante la investigación de la Corte (que hoy tiene a más de 60 congresistas procesados), decidían renunciar al parlamento, con lo que la Corte perdía competencia sobre ellos y entraban a ser investigados por la Fiscalía.

La Corte suprema, al decidir que el fuero es institucional, hace que los casos en los que los parlamentarios que habían renunciado a su condición de congresistas, para evitar el juzgamiento por parte de la Corte Suprema, prefiriendo ir ante la Fiscalía en donde aseguran tener mayores garantías, tengan que volver a la Corte para ser indagados y juzgados allí.

Con su propuesta, el Partido de la U pareciera estarle sugiriendo al país que el trabajo de la Corte es parcializado y está dirigido contra el Presidente Uribe. En otras palabras, está pretendiendo decir que se trata de una “justicia politizada”. Eso sugiere, entonces, que la Corte se está inventando los procesos, que está levantando los cargos con pruebas falsas y que no respeta el debido proceso.

Pero la propuesta del Partido de la U, está escondiendo el fenómeno real: que la “política se criminalizó”.

Los colombianos hemos visto con asombro cómo lo que era secreto a voces, gracias a la Corte se destapó: que los congresistas traficaban con los cargos de ejecutivo en notarías y entidades del orden nacional central y descentralizado, pero no para obtener recursos para sus regiones, sino para asegurar que se le transfiriera un determinado porcentaje de los beneficios de la entidad bajo distintas modalidades.

¿Será que la Corte se ha inventado el dinero y los documentos que encontraron en el allanamiento a la casa de un congresista conservador de Santander? ¿O que los vínculos de los congresistas con los paramilitares son pura fantasía? Son demasiados casos y las evidencias para pensar que la Corte está comprometida con un revanchismo contra Uribe.

En su respuesta, el magistrado Jaime Arrubla, presidente encargado de la Corte, dijo que los que impulsan ese tipo de proyectos en el Congreso "pretenden doblegar a su juez natural". Y sugiere no maquillar sus verdaderas intenciones y "que propongan de una vez que se acabe la Corte, que es la que les molesta".

Mas claro no puede responder la Corte Suprema. La intención de meterle palos a la rueda de la justicia es tal, que ya distintos medios se han pronunciado poniendo en evidencia ese propósito.

Si ese es el propósito, hay que decir claramente que estamos ante un gravísimo intento por cambiar las reglas de juego jurídico e institucional. Y no se trata de cualquier intento. Se trata, ni más ni menos, de un hecho con el que se busca evitar que se administre justicia. Y eso ya configura hechos que trascienden del terreno político legislativo, al penal.

Intentar cambios legales que favorezcan los intereses particulares de los congresistas, están penalizados en los códigos colombianos. No se puede seguir tolerando que, cada vez que hay hechos judiciales que ponen en evidencia las acciones o decisiones de un congresista, se produzca una reacción en la cual algunos de sus colegas, por solidaridad o por temor a ser juzgados por los mismos hechos o por similares, les da por proponer cambios que impiden que se haga justicia.

De seguir pensando así, el Partido del gobierno del presidente Uribe acelera el rumbo hacia la demolición de las instituciones. Y mientras la corrupción se afianza, como la práctica normal, los congresistas, se muestran como víctimas de una justicia a la que califican de desbordada. Y mientras tanto, seguirán presionando al gobierno por más puestos y más contratos, a cambio de su aprobación de las reformas, entre ellas la que le permite a Uribe presentarse como candidato a la segundo reelección inmediata como Presidente de la República

Dura paradoja: quieren hacer creer que la justicia se politizó, cuándo en realidad lo que ocurrió fue que la política se criminalizó.