¿Remunera España la piratería?

Este martes se producían una de las noticias más esperadas por la opinión pública española: la liberación de los tripulantes del atunero vasco “Alakrana”, secuestrados durante casi dos meses por piratas somalíes. La fortuna ha querido que todos estén sanos y salvos, aunque con un susto en el cuerpo, tras una experiencia traumática que tardará en quitárseles. Ayer fue tiempo de celebrar y alegrarse, pero pasados los fastos, toca reflexión, por más que al Gobierno no le guste. Especialmente a María Teresa Fernández de la Vega, cabeza visible del comité de crisis y responsable junto a Carmen Chacón de uno de los espectáculos más bochornosos que se recuerdan.

La alegría por la liberación de los marineros del “Alakrana” no debe obviar que ésta se ha producido con 50 días de retraso, los mismos que han permanecido en poder de los piratas. Si desde un primer momento se hubiese actuado con eficacia y contundencia, nada de esto habría sucedido. Véase el ejemplo francés, cuyos infantes de marina tienen orden de impedir cualquier agresión a sus nacionales, en lugar de quedarse mirando como desea la titular de Defensa española. De hecho, Carmen Chacón no quería enviar barcos de guerra a la zona; se conformaba con dos aviones “de vigilancia”, cuyo poder disuasorio debía de causar bastante hilaridad a los delincuentes somalíes. Sólo la presión de sus socios europeos hizo que se reconsiderasen las reticencias iniciales y se enviasen a la zona buques de la Armada; eso sí, con unas “instrucciones de enfrentamiento” tan limitadas como inoperantes.

Al mismo tiempo, Miguel Angel Moratinos se empeñaba en negociar con un gobierno, el de Somalia, que n existe. Mientras, la vicepresidenta De la Vega mantenía un férreo control sobre las angustiadas familias, dosificando con cuentagotas la escasa información que les daba. Información es precisamente lo que el Gobierno debería ahora ofrecer a toda la ciudadanía. Cuánto se ha pagado, porqué y cuáles han sido las razones que han movido a llevar esta crisis de una manera tan calamitosa. Lo peor es que, si la solución elegida produce la sensación de que España remunera la violencia, se abrirá la veda contra los pesqueros españoles. Y, desgraciadamente, es muy posible que la imagen dada por el Gobierno sea contraproducente: si se produce un secuestro, el Ejército no intervendrá y España pagará el rescate -4 millones de dólares, esta vez-.