¿Qué pasa con las instituciones?

Esta Legislatura ha estado marcada por una crisis en las instituciones. Para algunos, la más importante desde que tuviera lugar el golpe de Estado y en consecuencia la dimisión del Gobierno que por entonces presidía Adolfo Suárez.

Durante estos cuatro años, pocas han sido las instituciones que no se han visto empañadas por un turbio velo, lo que ha puesto a prueba su credibilidad. El Tribunal Constitucional no ha escapado a ello. El Estatuto de Cataluña ha servido para enfatizar el equilibrio de fuerzas del alto órgano, mostrando, como ha señalado la periodista Julia Navarro, “la falta de convergencia constitucional entre los dos grandes partidos” y la brecha en el sistema provocado por los partidos nacionalistas.

El informe elaborado por el magistrado Pérez Tremps para la defensa del Estatuto de Cataluña, y su posterior nombramiento como miembro del Constitucional, despertaron los recelos éticos de todos cuantos presuponían un órgano ajeno a las presiones políticas.

La lucha por el poder del Tribunal
La recusación por parte de la oposición hacia este magistrado, quien al mismo tiempo también podía decidir sobre la constitucionalidad o no de la reforma estatutaria, abría definitivamente la veda. Más tarde vendrían las recusaciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero, siempre a través de la Abogacía del Estado, sobre dos magistrados del ala conservadora. A Rodríguez Zapata y García Calvo se les recusa por no estar de acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica que regula el alto tribunal. Una reforma que permitía prorrogar en el cargo, entre otros menesteres, a la actual presidenta en funciones, Emilia Casas y al vicepresidente Guillermo Jiménez.

La cuestión no es baladí. Se trata de bascular la balanza hacia a un lado o hacia el contrario, en cuestiones tan importantes como el consabido estatuto o la Ley de Matrimonios Homosexuales, también recusada por el principal partido de la oposición. Entre tanta confusión magistral, el PP aprovecha la ocasión para plantear la conveniencia de otros tres miembros del Tribunal instalados de tinte progresista.

Pero el culebrón tiene efectos paralizantes. La politización se ha instalado en una institución que ha funcionado como una tercera cámara en la que se reproducen la distribución de fuerzas del Congreso de los Diputados. En realidad eso es lo que se dirime: quien será el partido que controlará el Constitucional y por tanto hará que progresen unas leyes en detrimento de otras, dando o no la razón a las escoradas posturas de los dos principales partidos.

Falta de respeto por las instituciones
Y mientras este Tribunal permanece imbuido en una parálisis y en más incertidumbres, la Cámara Baja tampoco cierra la temporada con una calificación de sobresaliente. El presidente del Congreso, el que fuera uno de los primeros eurodiputados españoles, el socialista Manuel Marín, dejó el cargo, no sin antes advertir de los peligros que acechan al Palacio de los Leones. En una reciente entrevista, Marín se lamentaba de no haber llevado a cabo la deseada reforma del Congreso. “No entendí porque se promovía una reforma para luego no sacarla adelante. Ni a quien gobierna ni a quien gobernará le preocupan que las instituciones estén debilitadas”, afirmaba.
Marín cree que en España se está dando un proceso de italianización. “El Congreso se está convirtiendo en un Montecitorio (Palazzo de los Diputados de Italia) donde hay unos políticos que discuten muy agriamente y luego una sociedad muy potente que marcha sola. Los hombres pasan y las instituciones permanecen”, abundaba el último presidente del Congreso español, para quien “el Constitucional y la Monarquía son las dos únicas instituciones que tenían el respeto de los ciudadanos”.

También durante esta Legislatura, la Corona se ha visto abofeteada metafóricamente por las críticas de nacionalistas, pertinaces en saber en qué y cómo emplean el sueldo los monarcas. La quema de fotos de los Reyes de España por parte de grupos radicales de Cataluña que reclaman la proclamación de la República, abría, al menos en el seno de algunas tertulias, un debate inexistente en el país. En su último mensaje, el monarca pidió “un mayor esfuerzo para alcanzar los consensos necesarios, recordando que los Estados que con mayor eficacia atienden a la voluntad de los ciudadanos se basan en la solidez y en la estabilidad de sus modelos democráticos e instituciones”.

No han sido el Constitucional, el Congreso ni la Corona los únicos órganos del Estado aquejados de esta crisis. El Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado e incluso el Senado también han adolecido de ciertas reformas y del prestigio que requieren las instituciones. Los tres casos son clamorosos. Por un lado, el CGPJ soporta, como el TC, las presiones de los políticos para la composición de sus miembros; de otro, el Consejo de Estado ha visto como las consultas y la solicitud de informes encargados por el presidente del Gobierno no se ha tenido en cuenta, convirtiéndose en un mero adorno institucional. Así ocurrió cuando el Ejecutivo reclamó el informe al Consejo de Estado para la reforma de la Constitución. Las conclusiones del órgano consultivo nunca se tuvieron en cuenta y la promesa electoral de una reforma de la Constitución pasó sin pena ni gloria. En la Cámara Alta sucedió otro tanto de lo mismo, el propio Zapatero anunció la creación de una subcomisión en el Senado para el estudio de su propia reforma. Hasta la fecha, no ha tenido lugar ninguna asamblea.

La descripción de la realidad no despeja muchas incógnitas en el horizonte. El fortalecimiento de las instituciones y la recuperación de la credibilidad y el prestigio de las mismas son tarea suficiente para el Gobierno que salga de las urnas del 9 de marzo. El compromiso es de todos.