Fumar en España

Ayer lunes entraba en vigor la llamada “ley Omnibuis”, gracias a la cual los locales de venta de prensa podrán volver a dispensar tabaco en sus establecimientos con efecto inmediato. Ello es posible porque el texto legal anteriormente citado recoge una modificación del artículo 4 de la Ley Antitabaco por el que quedaba prohibido que quioscos de prensa y similares vendieran tabaco. La satisfacción de los profesionales del sector ante la posibilidad de llevar a cabo nuevamente una actividad que les reportaba una cuota de beneficios importante contrasta con la confusión de la mayor parte de la ciudadanía, que no acaba de entender los vaivenes del Gobierno en materia de tabaquismo.

La aprobación de la Ley Antitabaco en 2006 provocó una viva polémica, similar a la vivida por otros países europeos. Ocurre que, a diferencia de ellos, la normativa española, aún siendo más madrugadora que la de muchos países, parecía arrancar con una velocidad de crucero sensiblemente inferior a la adquirida en Francia, Alemania, Irlanda o Italia, entre otros, donde la prohibición de fumar en espacios públicos no admitía excepción alguna. Se prevé que dentro de poco, el Gobierno español siga los pasos de sus colegas europeos y prohíba fumar en todo tipo de espacios públicos. El problema surge con los pequeños establecimientos de hostelería que han tenido que hacer frente a costosas obras para acondicionar sus locales con espacios habilitados para fumadores y no fumadores.

¿Porqué no haber evitado semejante gasto haciendo una ley acorde con el resto de ordenamientos jurídicos de la Unión Europea? Habrá que preguntárselo al señor Zapatero, incapaz de adoptar decisiones que le puedan suponer algún tipo de contestación social. Pero no sólo al Gobierno. Para ser justos, es preciso reconocer que, la iniciativa de la ministra Salgado –a la sazón encargada del departamento en cuestión- cargada de razón, resultó insuficiente por las zancadillas puestas por demasiados políticos tabaquistas procedentes de todo el arco parlamentario. Tampoco se salvan las comunidades autónomas, algunas de las cuales, con Madrid en el dudoso honor de colocarse en cabeza, han puesto más de una traba a la aplicación de la Ley Antitabaco. Ya va siendo hora de que la clase política española se conciencie de verdad de que la lucha contra el tabaquismo ha de afrontarse sin complejo alguno. Está en juego algo tan importante como la salud pública: de los propios fumadores e incluso de los que no fuman