El cierre de páginas web requerirá de una orden judicial de la Audiencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes las medidas con las que pretende acabar con la piratería en Internet y que prevén que el cierre o bloqueo de una página web que infrinja la legalidad se produzca siempre por orden judicial, según ha informado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La propuesta, aprobada por el Gobierno y que pasa por diversos órganos consultivos del Estado antes de su remisión a las Cortes en febrero, es "muy equilibrada" y "da la última palabra a los jueces, que deberán de decidirá rápidamente".

Entre las medidas aprobadas figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano que reciba las denuncias de afectados por la piratería. Una vez que esta comisión compruebe que en efecto existe una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, solicitará el cierre o bloqueo de la página a un juez, que deberá de tomar una decisión en cuatro días.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional será la encargada de decidir si se cierra una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual. Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido por el Consejo de Ministros a diversos órganos consultivos, antes de su llegada al Parlamento.

Caamaño ha explicado que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es "muy difícil" ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos. Para ello, será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con todas las garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web, ha añadido el ministro.