www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

Por la sustracción de 14,45 millones de dólares

EEUU reclama a un ex presidente guatemalteco por lavado de dinero

lunes 25 de enero de 2010, 09:35h
Las autoridades guatemaltecas buscan al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) luego de que un tribunal de ese país ordenara su captura a petición de Estados Unidos, que lo reclama por el delito de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La detención de Portillo la autorizó el Juzgado de Primera Instancia Penal y agentes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la Policía y del Ministerio Público (MP) allanaron tres viviendas con ese fin sin ningún éxito.

Desde este domingo una residencia del ex mandatario en el departamento oriental de Zacapa, de donde es originario, fue rodeada por los agentes que ingresaron al inmueble para capturar a Portillo, dijeron a Efe fuentes del Ministerio de Gobernación (interior). Los agentes permanecieron en el interior del inmueble durante más de cuatro horas, con resultados negativos.

En breves declaraciones a periodistas, el abogado de Portillo, Manuel Quinto, explicó que su cliente le pidió que llegara a la residencia. Según Quinto, que no reveló donde se encuentra Portillo, el ex presidente le dijo: "Mira, te encargo que vayas a ver mi casa en Zacapa porque parece que la van a allanar".

Los agentes policiales y del Ministerio Público también requisaron otros dos inmuebles en Zacapa y uno más en la capital guatemalteca, sin éxito. La captura del ex presidente Portillo con fines de extradición, por el delito de lavado de dinero fue solicitada por el Gobierno de Estados Unidos a Guatemala hace dos semanas, aunque salió a luz pública hasta este domingo con los allanamientos judiciales.

La Fiscalía Federal de Miami, según publica el diario local Prensa Libre, es la que ha presentado cargos formales en contra de Portillo al considerar que utilizó la banca de ese país para trasladar dinero del erario público guatemalteco hacia cuentas de Europa y las Islas Bermudas, entre otros.

Sin embargo, cuando sea detenido y antes de ser extraditado a Estados Unidos, Portillo deberá responder ante la Justicia de su país donde tiene abierto un proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y sustracción de unos 120 millones de quetzales (unos 14,45 millones de dólares) durante su Gobierno.

En Luxemburgo y París están congeladas tres cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo, la mexicana María Eugenia Padua y la hija de ambos, Otilia Portillo Padua, por un monto de dos millones de euros (unos 2,8 millones de dólares), que las autoridades guatemaltecas consideran que forman parte de los fondos del Estado que fueron extraídos.

La ex fiscal contra la Corrupción, Karen Fischer, que inicialmente investigó el caso contra Portillo, comentó a una radio local que, aunque tarde, Estados Unidos está buscando hacer justicia, porque la banca de ese país fue utilizada para el traslado de dinero que fue extraído de Guatemala.

Al entregar el poder el 14 de enero de 2004, Portillo asumió de forma automática como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero al iniciarle la Fiscalía una investigación por corrupción durante su Administración, fue despojado de su inmunidad, por lo que decidió huir a México para evitar su captura en Guatemala.

El 20 de octubre de 2005, Guatemala solicitó a México formalmente la solicitud de extradición del ex presidente, la cual le fue concedida un año después, pero las diversas acciones judiciales que presentó ante la Justicia mexicana le permitieron permanecer en ese país hasta 2008. Sin embargo, Portillo llegó extraditado de México el 7 de octubre de 2008 y ese mismo día quedó en libertad al cancelar una fianza económica por más de 120.000 dólares, pero quedó ligado al proceso y con la prohibición de salir de Guatemala.

A través de sus abogados, Portillo ha presentado una serie de acciones judiciales para detener el proceso en su contra en Guatemala y siempre ha argumentado que la investigación abierta es una persecución política. Además, Portillo rechaza que la Cicig, que dirige el magistrado español Carlos Castresana, y que ha desbaratado ya redes criminales en el país, sea la responsable de investigar su caso.

Auspiciada por las Naciones Unidas, la Cicig se instaló en Guatemala hace más de dos años para investigar la presencia de aparatos clandestinos de seguridad y contribuir a su desmantelamiento.