Piratería y secuestro: negocios incrementados por el apaciguamiento

El continente africano se está convirtiendo en una zona de alto riesgo, tanto por mar como por tierra. Con el recuerdo del “Alakrana” y el “Playa de Bakio” aún reciente, esta semana se ha sabido que dos atuneros españoles y otros dos franceses fueron atacados por piratas en las costas del Índico. Afortunadamente, la seguridad privada que iba a bordo de los buques pudo rechazar el intento de abordaje haciendo uso de sus armas, aunque es seguro que los piratas lo volverán a intentar. Por lo que respecta a la suerte de los secuestrados en el norte de Africa -tres españoles y dos italianos-, las condiciones de sus secuestradores son bien claras: económicas y -lo que resulta más comprometido aún- políticas. Porque la rama magrebí de Al Qaeda había exigido la puesta en libertad de islamistas presos, así como cinco millones de euros en concepto de rescate.


Por encima de otro tipo de consideraciones, la postura que debe prevalecer es la del respeto a la legalidad vigente, por un lado, y la de firmeza en el caso de violentarse dicha legalidad, por otro. A finales del pasado año, Nicolás Sarkozy ordenó la intervención de su ejército para poner fin a un secuestro de ciudadanos franceses por parte de piratas somalíes. El mensaje era inequívoco; Francia no dudaría en emplear la fuerza si sus nacionales se veían atacados. La reacción de España fue bien distinta; se pagaron dos rescates, mientras la Marina asistía como convidado de piedra al espectáculo de los piratas en fuga y con el botín en su poder. También ese mensaje fue inequívoco, y de ahí que tanto los maleantes del norte de Africa como los piratas que surcan su costa nordeste hayan visto un filón a la hora de atentar contra intereses españoles.


Es normal que las gestiones para liberar a los tres cooperantes cautivos en Mali se estén llevando con discreción, como no podía ser de otra manera. Pero tampoco estaría de más algo de información por parte de las autoridades. Durante estos más de tres meses, lo único que ha trascendido han sido las llamadas a la prudencia del ministro Moratinos, siempre partidario de apaciguar a todo tipo de extorsionadores, en una política que, por ahora, ha cosechado un fracaso tras otro. En este sentido, se echa de menos un posicionamiento contundente por parte del Ejecutivo español para que piratas y secuestradores sepan que un gobierno democrático no negocia con delincuentes ni pone en libertad a presos condenados por delitos de terrorismo, por más que sus secuaces así lo reclamen.


La experiencia sobre cómo lidiar con piratas y terroristas es amplia y vieja. En relación al primero de los fenómenos tiene varios siglos y, por lo que hace al terrorismo, nuestra casuística se remonta a fines del siglo antepasado. En ambos casos, los ejemplos abundan y la literatura sobre estos temas es copiosa y, a veces, excelente. No les haría ningún daño a los responsables políticos españoles tirar de bibliografía y, de paso, reflexionar un poco. Si lo hacen, observaran que la política del apaciguamiento y la concesión es una forma piadosa de remunerar la violencia y, por tanto, de perpetuarla e incrementarla. El argumento de que muchos otros países -europeos sobre todo- hacen lo mismo es un pobre razonamiento: varias equivocaciones repetidas no componen una verdad; abundan en el error.