La verdadera deuda histórica de la talidomida

Vuelve a hablarse estos días de aquel medicamento con propiedades sedantes, publicitado a bombo y platillo a finales de los años 50, para uso preferente por parte de las mujeres embarazadas, ya que según la empresa alemana que lo comercializaba, Química Grünental, una de tantas pequeñas empresas que aparecieron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva sustancia descubierta “no dañaba a la madre ni al hijo”. Lo cierto es que Heinrich Mückter, ex médico alemán durante la dictadura nazi y reciclado después en jefe de laboratorio de la pequeña compañía química, creía haber dado con el sueño de cualquier empresa farmacéutica: un medicamento sin efectos secundarios y que no era letal en caso de ingestión masiva. En una época en la que se vendían con gran éxito los barbitúricos, encontrar un tranquilizante que no presentara la toxicidad de aquellos, que ya habían causado mortales sobredosis accidentales o se habían utilizado en suicidios, suponía el enriquecimiento inmediato de su descubridor.

En la mayoría de los países, entre ellos Alemania, no existía por aquel entonces ninguna ley ni comisión de control de medicamentos y sólo la alarma social que creó la terrible tragedia de la talidomida provocó que las cosas cambiaran inmediatamente en ese aspecto en muchos países. El caso es que diversos medicamentos que contenían el principio activo de la talidomida empezaron a venderse en casi todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde la poderosa empresa americana que iba a distribuir el medicamento milagro chocó con las trabas que se atrevió a poner Frances Kelsey, la joven farmacéutica que llevaba escasas semanas trabajando para la FDA, y que finalmente no aprobó el medicamento, por lo que fue incluso condecorada en 1962 por el presidente Kennedy. De hecho, en Norteamérica la talidomida no fue aprobada hasta 1998 y ahora se utiliza, con importantes controles, para el tratamiento de la lepra y en el de algunos tipos de cáncer, como el mieloma múltiple.

Pero en Alemania y en el resto de los países, entre ellos España, la droga teratógena se vendía desde 1957 y enseguida empezaron a nacer bebés con focomelia, una enfermedad tan rara que la mayoría de los médicos nunca la había visto y de la que empezaron a encontrarse casos nuevos cada semana. Las imágenes de pequeños sin extremidades, con manos y pies de tres dedos que nacían directamente del tronco provocaron la lógica alarma en la sociedad, especialmente en aquellas mujeres embarazadas que habían consumido la medicina recetada tranquilamente por sus médicos para evitarles las molestas nauseas propias de los primeros meses del embarazo.

Aún así, la empresa alemana se defendió con argumentos insostenibles como que las malformaciones estaban producidas por alimentos, detergentes e, incluso, por el efecto nocivo de los rayos emitidos por las pantallas de los televisores. El juicio, que duró tres años, acabó con el ofrecimiento por parte de la empresa de 31 millones de dólares a los 2.866 damnificados que residían en aquel país, asegurando que, de seguir el juicio, tendrían que declararse en quiebra y no habría posibilidad de indemnización alguna. De modo que la asociación de las familias afectadas acabó por aceptar el acuerdo y el juicio, en el que nadie fue declarado culpable, terminó, al mismo tiempo que continuaba para toda la vida la dramática existencia de unos niños que nunca tendrían que haber nacido así.

En España, la talidomida se retiró oficialmente en 1963, dos años más tarde que en otros países, y los afectados nunca han recibido ayudas. Incluso llegó a negarse que la medicina se hubiera vendido en nuestro país y desde la dictadura, pasando por los distintos gobiernos de la democracia, los afectados por las terribles malformaciones y sus familias siempre han sido ignorados, como una fea realidad que nadie quiere recordar.

Por eso, estos días en los que hemos conocido la próxima aprobación de un Real Decreto que vendrá a indemnizar, por tramos en función del grado de discapacidad, a los afectados con sumas que van de los 30.000 a los 100.000 euros, hay que estar de enhorabuena. La Asociación Española de Víctimas de la Talidomida se muestra esperanzada; para ellos se trata sólo de un paso, grande sin duda, aunque queda mucho por hacer, y sus peticiones resultan, desde luego, nada exageradas. En su página web consideran que hay 6 medidas básicas de atención que se deberían acometer: reconocimientos médicos periódicos, ayuda psicológica, ayudas ortopédicas del 100%, pago de pensiones, beneficios fiscales y la creación de una unidad médica de referencia, especializada en deformidades por talidomida. ¿Hay alguien que piense que piden mucho, después de 50 años de olvido?

Y, sin embargo, primero tendrán que someterse a un protocolo clínico elaborado por la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas, cuyos especialistas son los responsables de determinar si la minusvalía es consecuencia del fármaco. De momento, de las 80 personas que ya han acudido sólo 14 han sido aceptadas por Sanidad. Está claro que los filtros son necesarios para evitar fraudes o errores, pero en un caso como éste, ¿no sería siempre mejor pasarse, que quedarse cortos?