Ridículo electoralista del nacionalismo catalán

Este domingo volvía a celebrarse en distintas localidades catalanas una suerte de farsa electoral a la que los nacionalistas denominan “consulta popular”. El objeto de dicha consulta no es otro que el de intentar dar una cierta pátina de apoyo ciudadano a sus desatinos secesionistas. El tema, siendo chusco y absurdo en sí mismo, tiene un riesgo mayor de lo que muchos piensan. Porque si ayer fueron 211 municipios, habrá más que hagan el mismo ridículo en próximas fechas y a todos ellos hay que sumar la extensa nómina de localidades catalanas que ya lo hicieron.


Es interesante destacar cómo una formación política como Esquerra Republicana que ocupa el tercer lugar en número de votos es capaz de regir los designios de toda la comunidad autónoma, cuando no del Estado en su conjunto. Socia permanente del tripartito en Barcelona y ocasional del PSOE en Madrid -donde también llegó a ser estable durante un largo tiempo-, la formación de Carod-Rovira hace y deshace a su antojo, siempre con la bandera del antiespañolismo por delante. Cuenta para ello con la aquiescencia cómplice de CIU, encantada de que sean otros los que le hagan el trabajo sucio, y del PSC, con quien gobiernan y compiten en ver cuál de los dos es más nacionalista.


Nada de esto sucedería si CIU y PSC llevasen a cabo un ejercicio de responsabilidad política que impidiese que este tipo de actos se produjeran. Más que nada, porque a diferencia de lo que sucede con el PNV, no todos los militantes de CIU –ni menos del PSC- son secesionistas. Muchos de ellos, además, tienen el sentido común suficiente para darse cuenta del callejón sin salida en el que se están metiendo, pero del que no se atreven -o no quieren- salir. Optan por mirar hacia otro lado, mientras siguen apretando el lazo contra el Constitucional, no vaya a ser que tire por tierra sus intentos rupturistas. Pero no reparan en un detalle clave a la hora de decidir sobre una eventual modificación de la estructura del Estado tal y como está concebida: para que dicha modificación se llevase a efecto, tendría que oírse a todas las partes interesadas. O lo que es lo mismo, no basta con que -pongamos por caso- Esparraguera se quiera una secesión; al formar parte de un todo que es España, habría de ser España entera quien decidiese, y no sólo una porción. Por más que haya a quien no le guste.