El pecado de parecer latinoamericano

El viernes 23 de abril la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, aprobó una de las más duras leyes contra la inmigración. La meta de dicha ley es procesar y deportar a todos los indocumentados que se encuentren en ese estado del sur de Estados Unidos. Sin embargo no es el objetivo lo que ha causado protestas y preocupación entre muchos grupos, miembros del gobierno federal estadounidense y del gobierno mexicano, sino las atribuciones que la ley da a las autoridades policíacas estatales.

La migración es un asunto federal y la institución dedicada a esto es el Departamento de Seguridad Interna (DHS en inglés), la cual comprende entre otras funciones, la investigación, detención, procesamiento y deportación de los indocumentados. En otras ocasiones en otros estados, han habido intentos de otorgar facultades a policías locales en materia migratoria, sin ningún éxito. Algunos de los motivos por lo que estas propuestas no han fructificado es, por un lado, la falta de capacitación de los policías para determinar quién es indocumentado y quién no lo es. Otra razón es que la relación de confianza entre los grupos inmigrantes y la policía puede destruirse, teniendo como resultado que los indocumentados no denuncien delitos. Al dejar a criterio de los policías la detención de personas supuestamente sospechosas, puede llegar a existir discriminación y abusos. Una de las cosas que los agentes del DHS tratan de evitar es el “perfil racial” o “racial profiling” para evitar el arresto de personas de origen extranjero que se encuentren de manera legal en el país.

El estado fronterizo de Arizona es uno de los estados que más sufren la migración ilegal y lo que implica, así como de los que tienen un mayor porcentaje de habitantes de origen latinoamericano, especialmente mexicano. Por su frontera desértica cruzan cada día cientos de personas, y los ciudadanos de esa zona están cansados de esta situación. Así han surgido grupos civiles y milicias, como los Minutemen, que vigilan la región y critican la falta de eficiencia de la Patrulla Fronteriza para evitar la migración ilegal. La presión de estos estadounidenses ha llevado a la creación y firma de esta dura ley.

Aun cuando Washington analizará si la ley tiene bases legales y constitucionales, y a pesar de las muchas manifestaciones de organizaciones de derechos civiles, al parecer en noventa días entrará en vigor la ley que criminaliza ser indocumentado. Arizona se convierte así en uno de los lugares más hostiles para los migrantes, y donde parecer latinoamericano pueda ser un crimen.