Los límites de la solidaridad económica europea

El terremoto financiero que ayer martes asoló a los parqués de media Europa tiene su epicentro en Grecia, aunque puede afirmarse que el país heleno no es el único causante. De hecho, los conocidos como PIGS -acrónimo inglés con el que se conoce a Portugal, Irlanda, Grecia y España- llevan ya tiempo lastrando el despunte de los mercados financieros. Unos mercados que, si bien inicialmente acogieron con un moderado optimismo el posible apoyo de la Unión a la economía griega, ahora reaccionan muy mal ante las cautelas de alemanes y franceses. Además, el propio vicepresidente del Banco Central Europeo, Lukás Papadimos, ponía ayer a España, Grecia e Irlanda como ejemplos de deterioro fiscal, ante el desmesurado aumento de sus respectivos déficits públicos.

Ser miembro de la Unión Europea es una garantía de que si vienen mal dadas, los otros socios estarán ahí para echar una mano. Pero lo que no quieren países como Alemania o Francia es dar dinero a fondo perdido, ni sufragar políticas que no solucionen nada. Así las cosas, es comprensible que a Grecia se le exijan una serie de ajustes que, por draconianos que puedan parecer, se antojan imprescindibles si de lo que se trata es de la viabilidad del país como tal. Esas exigencias deben servir también como aviso a navegantes de lo que puede pasar si no se hacen bien las cosas; o lo que es lo mismo, España, Portugal e Irlanda deben reducir ya mismo su déficit público. Pero tampoco es de recibo dilatar la aprobación de una ayuda tan urgente que, de retrasarse mucho más, puede llegar demasiado tarde. Cautelas, sí; solidaridad y premura, también. En la Unión compartimos impuestos, es decir, soberanía: el dinero lo ponemos todos: justo es que todos pidamos cuentas del gasto de cada uno y atemos corto cualquier despilfarro.