Marbella juzga sus vergüenzas

Ayer lunes daba comienzo en Málaga la vista del caso “Malaya”, cuya relevancia y magnitud hará que las sesiones se prolonguen al menos un año. Los imputados son presuntamente responsables de una de las mayores redes de corrupción de la historia de la democracia. Siempre presuntamente hasta que la justicia no dictamine lo contrario, se sientan en el banquillo los responsables no sólo del saqueo de Marbella, sino de la creación de una suerte de modelo que más de un consistorio español intentó emular, con resultados menos vistosos pero igualmente ruinosos.

La especulación inmobiliaria cobró en los años dorados de Marbella una nueva dimensión. Salvo el PP, la práctica totalidad de fuerzas políticas del municipio malagueño se vieron salpicados por corruptelas de diversa índole, aunque el casi todas ellas el urbanismo era el patrón común. En este sentido, es interesante traer a colación las palabras del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, durante la apertura del año judicial, donde afirmó que la corrupción no es exclusiva de ningún partido.

Y tiene razón. En mayor o menor medida, no hay formación política en España cuyos integrantes no se hayan visto implicados en algún escándalo de corrupción. Como telón de fondo, una Ley del Suelo que durante demasiado tiempo ha sido utilizada torticeramente por las administraciones locales, que veían en las recalificaciones de terrenos municipales una suculenta fuente de ingresos. De ahí –en las características de una ley del suelo equivocada- surge la oportunidad para los delincuentes. De aquellos polvos vienen muchos de los lodos actuales, en forma de ayuntamientos con unas cuentas que rozan la bancarrota, auténticos eriales con urbanizaciones fantasma casi deshabitadas y mucha gente en la ruina. Marbella fue el escaparate –pero en modo alguno único- en el que más de uno se fijo para emular a los que allí se enriquecían de modo fraudulento. Por eso es tan importante la celebración de este juicio, donde el Ministerio Público ya ha comunicado que pedirá altas penas de cárcel para muchos de los acusados. Porque reflejará que quien incurre en prácticas irregulares debe pagar por ello, siendo la pena acorde con la magnitud del delito. Y los que ahora se sientan en el banquillo presuntamente fueron los que más se lucraron con ello.