Las cajas deberán convertirse en bancos si no se recapitalizan

La ministra de Economía, Elena Salgado, ha presentado el plan gubernamental para la reforma del sector financiero, que exigirá un mayor porcentaje de capital mínimo a bancos y cajas. En concreto, el nivel de mínimo de solvencia será del 8% del total de los activos, frente al 6% que se exigía anteriormente. Si las cajas de ahorro no alcanzan estos requerimientos, deberán convertirse en bancos y serán intervenidas por el Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La medida supondrá una recapitalización en el sector de entre 12.000 y 20.000 millones de euros, según los cálculos del Ministerio y del Banco de España. Todo ello, según ha explicado Salgado, para disipar las dudas sobre la solvencia tras la crisis de deuda soberana en Irlanda y "garantizar la canalización del crédito hacia nuestra economía, familias, y empresas".

Incluso, los requisitos de capital podrán ser mayores en el caso de que se trate de entidades que no cotizan, que no cuenten con una presencia significativa de inversores públicos o que dependan en exceso de los mercados de financiación mayoristas. Salgado explicó que podrán exigir un mayor índice de solvencia si los ‘estress test’ europeos muestran que alguna entidad necesita más capital al margen de estos criterios.

Flanqueada por el el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, Salgado ha detallado el procedimiento que podrán seguir las entidades financieras en una rueda de prensa convocada en la tarde del lunes: el Banco de España supervisará el proceso de captación de capital, y el que establecerá “qué entidades no tienen el capital requerido ni perspectivas de conseguirlo”. Los bancos o cajas que lleguen a este extremo serán intervenidos por el FROB a través de la compra de acciones, con la condición de que tengan el 100% de sus activos y pasivos en un banco. Esta intervención tendrá un plazo de cinco años como mínimo. Este mayor requerimiento de capital será aprobado en febrero mediante un real decreto, y las entidades tendrán "hasta el otoño" de plazo para recapitalizarse, según ha explicado Salgado, antes de ser intervenidas.

Esa entrada del Estado en el capital conferirá al Ejecutivo los mismos derechos que el resto de accionistas, con lo que podrán nombrar representantes en los órganos de administración. Además, obligará a las entidades a acometer una fuerte reestructuración organizativa, ya que las cajas (las probables receptoras de ayuda) deberán modificar sus órganos de gobierno para atraer al capital privado, además de presentar un plan de viabilidad que contemple la entrada de inversores privados en sustitución del FROB.