La Guardia Civil exige la dimisión de Rubalcaba por el 'caso Faisán'

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha afirmado este miércoles que las explicaciones dadas hasta ahora por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el "chivatazo" que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión "arrojan más sombras que luces" sobre el llamado "caso Faisán".

En un comunicado, la Unión de Oficiales, personada como acusación popular en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, dice que este caso se ha convertido "en uno de los escándalos más bochornosos de nuestra democracia y, a tenor de las declaraciones y actitudes de los responsables del Ministerio de Interior, en un asunto muy incómodo para el Gobierno".

"La presunta implicación de altos cargos de Interior y el nerviosismo latente que se aprecia en las declaraciones del portavoz del Gobierno (Rubalcaba) cuando es cuestionado al respecto arrojan más sombras que luces sobre el caso", añade. La asociación dice también que si el ministro sabía que, como han desvelado varios informes de la Policía y de la Guardia Civil, se manipularon pruebas de la delación "debería presentar su dimisión con carácter inmediato e irrevocable" y que si le engañaron sobre ese extremo "debería informar cuanto antes, señalando públicamente al culpable y cesándolo de cualquier cargo público".

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha defendido hoy la inocencia de los policías imputados -el jefe superior de Bilbao, Enrique Pamiés, y el inspector destinado en Vitoria José María B.- y ha sostenido que "no hay ninguna acusación seria contra ellos". El secretario de Comunicación del SUP, José María Benito, ha dicho que quien tiene que dar explicaciones es el jefe del equipo que iba a desarrollar la operación contra el aparato de extorsión de ETA, Carlos Germán, a quien después se encomendó investigar el origen del "chivatazo".

Comunicado íntegro de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil sobre el caso 'Faisán':

Según publican hoy diversos medios de comunicación, el Ministro del Interior, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, contestó a una pregunta parlamentaria del Partido Popular en 2009 afirmando taxativamente que la cinta clave del chivatazo policial a ETA no fue manipulada.

Con esta seguridad y contundencia, el Ministro pretendía despejar las dudas que generó el informe de la Policía científica que atribuía los cortes en momentos clave del vídeo a “agentes externos, accidentalmente o por deterioro”.

Sin embargo, el juez instructor del caso encargó un informe pericial a la Guardia Civil para contrastarlo con el anteriormente citado y las conclusiones del mismo son del todo opuestas. Según los expertos de la Benemérita estos cortes no fueron accidentales y se produjeron en el mismo momento de su grabación.

Por tanto, si Rubalcaba afirmó en sede parlamentaria con tanta vehemencia y convicción que la cinta no fue manipulada estamos ante una más que preocupante dicotomía: O bien conocía que la cinta fue manipulada o bien le mintieron al respecto.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, considera que ni los españoles ni sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen un ministro que les mienta, por lo que si Rubalcaba conocía de primera mano la manipulación del vídeo pese a afirmar lo contrario, debería presentar su dimisión con carácter inmediato e irrevocable.

Por el contrario, si hubiese sido engañado, debería informar cuanto antes, señalando públicamente al culpable y cesándolo de cualquier cargo público.

El Caso Faisán se ha convertido, por méritos propios, en uno de los escándalos más bochornosos de nuestra democracia y, a tenor de las declaraciones y actitudes de los responsables del Ministerio de Interior, en un asunto muy incómodo para el Gobierno.

La presunta implicación de altos cargos de Interior y el nerviosismo latente que se aprecia en las declaraciones del portavoz del Gobierno cuando es cuestionado al respecto arrojan más sombras que luces sobre el caso.

La UO siempre ha manifestado su firme compromiso por el esclarecimiento de los hechos y por que los responsables, si los hubiere, sean condenados con todo el peso de la ley.