El catalán como política migratoria

La Generalidad catalana ha decidido tomar cartas en materia de política migratoria. Así, considerará como “un requisito muy determinante” el conocimiento de la lengua catalana a la hora de certificar el nivel de integración de los inmigrantes que residen en aquella comunidad. Añaden los nacionalistas catalanes, no sin cierta parte de razón, que era ya tiempo de acabar con los planteamientos demagógicos del tripartito, incorporando ahora el discurso no sólo de los derechos, sino también de los deberes.

Ocurre que esas mismas razones que en puridad asisten al ejecutivo autonómico catalán se diluyen en el momento en que se utiliza el catalán como elemento lingüístico discriminador, una vez más. Así lo ha entendido la oficina del Defensor del Pueblo, quien ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad por entender que se margina negativamente al castellano. Y es que se da la circunstancia de que muchos de esos inmigrantes que solicitan acogerse a reagrupamientos familiares son castellanohablantes, algo inconcebible bajo la obtusa mirada del nacionalismo. Pero es que, además, el artículo 149 de la Constitución dispone que inmigración, emigración y extranjería serán competencia exclusiva del estado; o lo que es lo mismo, la única normativa válida en esta materia habrá de tener rango estatal, no autonómico. Resta ahora por saber si el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero volverá a ceder al chantaje nacionalista o, como es su deber, velará por el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Máxime, si lo que están en juego son preceptos constitucionales básicos.