La segunda suspensión de Garzón

Previsiblemente, Baltasar Garzón será suspendido en breve por la intervención de las comunicaciones entre imputados del caso “Gürtel” y sus defensas. Algo irrelevante, por cuanto el -de momento- ex juez de la Audiencia Nacional ya acarrea una primera suspensión por otra causa en la que se le investiga también por prevaricación, esta vez por investigar los crímenes franquistas sin tener competencia para ello. Serán los tribunales quienes decidan si Garzón actuó o no conforme a derecho; hasta entonces, su presunción de inocencia ha de primar sobre otro tipo de consideraciones. Debe quedar claro, antes de nada, que la primera causa en nada obstaculiza el poder enterrar honrosamente los restos de aquellos que fueron vilmente asesinados en la Guerra Civil; y, respecto a la trama Gürtel, la causa seguirá, a pesar de la defectuosa instrucción del Juez Garzón, defectos que, naturalmente y como es su obligación profesional, aprovechan los abogados de los presuntos delincuentes.

Dicho lo cual, llama poderosamente la atención la defensa que gran parte de la izquierda mediática está haciendo de alguien con dos imputaciones tan graves a sus espaldas. Más concretamente, la del diario El País, principal receptor de las filtraciones -irregulares e ilegales, por lo demás- del sumario más permeable de la historia judicial española. Pero una cosa es agradecer las filtraciones, que se amparan en una legítima libertad de expresión, y otra es dar información sesgada, sectaria y cargada ya desde la cruz a la fecha del titular. El sistema arbitra una serie de normas con arreglo a las cuales las distintas instancias conocen de los asuntos en los que son competentes. Si un juez togado militar quisiera instruir un caso de violencia de género, por muy execrable que sea el delito en cuestión, estaría prevaricando, ya que no tiene la competencia para ello. Mutatis mutandis, lo mismo ocurre con los crímenes del franquismo: si Garzón no era competente y, aún a sabiendas, siguió adelante, ahora ha de afrontar las consecuencias de sus actos. Unos actos que le han granjeado esa popularidad tan impropia de un magistrado y que tanto le gusta pero que, a la postre, pueden pasarle factura.

En este sentido, conviene recordar que hay muchos jueces en España, y muy pocos son conocidos. Hacen su trabajo lo mejor que pueden, y procuran vivir alejados de un ruido mediático que lo único que conseguiría es entorpecer su labor. No dan conferencias en el extranjero sin declarar sus emolumentos, ni instruyen causas que guarden relación con alguna entidad bancaria a la que hayan solicitado un pago concreto. Conocen que hay una Ley de Amnistía –por cierto pensada para, y solicitada por, la izquierda- que hace precisamente eso, amnistiar y pasar página; de ahí que no procesen a gente vinculada al franquismo porque eso sería tanto como ignorar una ley vigente o dictar una resolución a sabiendas de que es injusta -esto es, prevaricación-. Precisamente porque conocen la ley saben que las comunicaciones entre un detenido y su letrado no se pueden intervenir, salvo en casos tasadísimos de terrorismo; de hacerlo, se estarían saltando la ley. Y sobre todo, la inmensa mayoría de los profesionales de la judicatura no se asoman cada día a medios afines para pontificar sobre todo y sobre todos. Garzón no puede decir lo mismo. Y en el pecado lleva la penitencia.