El PP dice que Rubalcaba mete "cizaña" entre policías para eludir su responsabilidad

El portavoz de Interior del PP, Ignacio Cosidó, ha acusado este viernes al vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "sembrar cizaña" entre policías para eludir su responsabilidad en el 'caso Faisán' que investiga un 'chivatazo' al aparato de extorsión a Eta.

En un comunicado, Cosidó ha mostrado su "más absoluta extrañeza" por el escrito remitido por el director adjunto operativo de la Policía, el comisario Miguel Ángel Fernández-Chico, al juez instructor del caso, en el que "desautoriza" a su propio equipo de investigación.

En el escrito, Fernández-Chico considera "aventurada" la tesis de los investigadores del caso de que el 'chivatazo' tuvo un móvil político y se enmarcó en el proceso de negociación con Eta.

El portavoz de Interior del PP ha considerado "inaudito" que este mando policial "haya interferido" de este modo en una investigación judicial "poniendo en cuestión el trabajo desarrollado por sus propios subordinados". Para Cosidó esta "anomalía" solo puede explicarse por una orden del propio Rubalcaba con la intención de "paralizar e interferir" en la resolución de un "escándalo" del que, a su juicio, es "máximo responsable" el propio ministro del Interior.

Precisamente, el vicepresidente primero se ha referido a este asunto durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que se ha limitado a decir que Fernández-Chico es "un profesional como la copa de un pino".

'Faisán' "huele que apesta"
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha asegurado este viernes que la investigación policial por el 'caso Faisán' "huele cada vez peor" porque, a su juicio, se está trasladando a la sociedad una imagen "vergonzosa" sobre la posible instrumentalización de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La UO se refiere así en un comunicado al informe elaborado por la Policía Nacional y remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que se asegura que el 'chivatazo' al aparato de extorsión a Eta tuvo un móvil político y se enmarcó en el proceso de negociación con la banda.

Una versión del caso que, sin embargo, no comparte el director adjunto operativo de la Policía, el comisario Miguel Ángel Fernández-Chico, que en un escrito enviado al juez Ruz considera esta tesis de "aventurada".

"Se percibe una confrontación de policías contra policías", ha alertado la Unión de Oficiales, que ha considerado "incomprensible" que la Guardia Civil haya sido apartada de la investigación para aclarar lo sucedido y dar con los responsables, "salvo que el objetivo sea no aclararlo".

El dueño del 'Faisán, a declarar de nuevo
Por su parte, el juez Pablo Ruz ha citado para el 28 de abril al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, y a su hijo, José Ignacio, para tomarles declaración como testigos en la causa en la que investiga el chivatazo que alertó a Eta de una operación policial contra su aparato de extorsión en ese establecimiento.

Joseba Elosua está procesado en la causa abierta al aparato de extorsión de Eta y cuando el juez Baltasar Garzón, antecesor de Ruz en el Juzgado, retomó la causa del chivatazo a su vuelta de Nueva York, mostró al dueño del bar Faisán una serie de fotografías de policías para que tratara de identificar quién le había entregado el móvil, pero no reconoció a nadie.

Para ese mismo día, el magistrado de la Audiencia Nacional también ha citado también como testigo al investigador del chivatazo y jefe del operativo que el 4 de mayo de 2006 iba a realizar esa operación, Carlos Germán, y a los otros cuatro policías que colaboran con él en esta investigación. Ese día, Germán y sus cuatro compañeros del equipo investigador deberán ratificar los últimos informes remitidos al juez, entre ellos el informe final de conclusiones que enmarca el soplo en el "proceso de negociación" y dice que el móvil fue "político".

Según este informe, la filtración provocó que la red de extorsión de Eta pudiera ocultar sus medios y recursos a la acción policial, pero, además, señala que "lo más grave" es que "pudieron sustraer al conocimiento de los servicios policiales antiterroristas datos esenciales sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del aparato financiero" de la banda.

Para sustentar la afirmación de que la naturaleza del móvil es "política" y que el chivatazo "se articula en el marco del proceso de negociación", la Policía recuerda que el 'interlocutor" que alertó de la operación policial al dueño del bar Faisán hizo constantes alusiones al "proceso de negociación" que estaba en marcha en ese momento.

Tras analizar las llamadas entre los imputados el día 3 y 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el soplo, los investigadores dicen que todas estaban "interrelacionadas directamente con los puntuales acontecimientos que se iban sucediendo en España y Francia", y que establecen una relación "causa-efecto" entre esos hechos, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

Los dos están imputados en esta causa junto al presunto autor material del soplo, el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.